En respuesta a la multa de 5 millones de pesos que les puso la Subsecretaría de Trabajo, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro denunciará al gobierno porteño ante la Organización del Trabajo (OIT) y apelará la sanción porque la considera ilegal. El abogado Luis Ramírez explicó que la AGTSyP desconoce la “autoridad de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad para dictar la conciliación obligatoria” porque en este caso hay “una limitación al derecho de huelga, que la OIT considera admisible en caso de intervenir un órgano independiente e imparcial, pero la Subsecretaría de Trabajo porteña es un ente del Poder Ejecutivo de la Ciudad”, y, por lo tanto, es parte en el conflicto del subte.

“Ese Estado es titular de todos los bienes que conforman la empresa subterránea de pasajeros, por lo que la Ciudad tiene concretos intereses involucrados en el conflicto y carece de imparcialidad para intervenir.”

Ramírez criticó la “criminalización” del paro al apuntar que “perseguir penalmente a trabajadores en huelga nos hace retroceder un siglo”. El abogado aseguró que más de mil sindicatos ya negociaron paritarias y la AGTSyP hace 15 meses mantiene su escala salarial, sólo con un incremento provisorio en mayo”.