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Los muertos en Buenos Aires son baratos, mucho más que hacer las cosas bien. Esto es así porque para algo hay seguro y para algo las causas penales o civiles se estiran, se esfuman. Pero en nuestra ciudad se agrega un factor deliberado a esta ecuación costo/muertos: las sanciones son baratísimas, tanto que ni las coimas pesan demasiado.

El macrismo niega estas cosas públicamente pero en privado algunos admiten que “la industria” tiene coronita. La industria es la de la construcción, concebida como la simple explotación del espacio público para enriquecer a algunos. Es la mentalidad con que se tala el Amazonas, se hacen minas a cielo abierto o se pesca hasta extinguir, la que dice que no hay mañana o que si lo hay es asunto de otros, no del empresario. Que no haya más sol, que los coches no entren, que la densidad urbana se transforme en hacinamiento no es cosa del especulador inmobiliario.

Parte del paquete de privilegios es lo risible de las multas y la manera vaga –y vagoneta– de aplicar la ley. La última vez que hubo muertos por una obra en construcción, en el derrumbe del gimnasio en Belgrano, Mauricio Macri en persona dijo que no se puede poner un inspector en cada obra. La frase fue repetida por sus funcionarios del área, todos profesionales de la industria, varios ex empleados de Macri, varios con edificios en obra ahora mismo. La frase es de las que parecen ciertas porque esconden cómo se puede lograr un objetivo.

Un contraejemplo se da en un área que Macri no puede controlar, la del tránsito. Para desgracia del jefe de Gobierno, circular por las calles es algo regulado básicamente por leyes nacionales, con la novedad de que hasta el registro es ahora entregado por una agencia federal. Buenos Aires tiene una larga historia de picadas, apurados, imprudentes y psicópatas, además de un tránsito que en horas pico puede ser desesperante. Pero de a poco se fue construyendo un ambiente político de baja tolerancia para los que manejan de cualquier manera. No fue colocando un inspector en cada semáforo, cámaras, el sistema de puntaje, multas que duelen, haciendo mandatoria la inspección técnica, parando automovilistas al azar en puestos móviles. Buenos Aires no es ninguna maravilla, pero hasta el más quedado sabe que no se puede manejar como en Nigeria y si no lo sabe se entera al renovar el registro. Ahí le cobrarán las multas y le harán pagar sesenta pesos para obtener una prueba de que uno no tiene antecedentes penales que le impidan manejar.

Nada de esto existe en el mundo de la construcción, nunca rigoreada por el macrismo. Lo que sabe cualquier constructor es que todo, absolutamente todo, “se arregla”, con lo que la impunidad pasa a ser una línea más en la planilla Excel. Los edificios se pasan de altura, las demoliciones son clandestinas, las obras no tienen permiso, los pozos no tienen contrafuertes, los materiales son infames... todos corren picadas sin multas ni cámaras y mientras no se mate nadie, nadie se entera. Estas situaciones no son naturales sino políticas, pueden cambiarse sin mayores complicaciones conceptuales. La cosa es crear “ambiente” y recortar la impunidad, la superficialidad, la complicidad con una industria.