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Eduardo Baglieto, vicepresidente de Techint y titular de la Cámara Argentina de la Construcción, recibió ayer a Roberto Lavagna con gentileza casi exagerada. No es para menos, si se atiende a los dichos del ministro durante el almuerzo de la entidad: ratificó que la política de Néstor Kirchner pondrá a la obra pública en el centro de la escena, que destinará a ella 6000 millones de pesos al año y aseguró que los recursos están, pero sólo falta que el Estado los reoriente a través de un adecuado gerenciamiento. También apoyó explícitamente la idea empresaria de utilizar recursos de las AFJP para financiar construcciones. Lo único que puso el toque ácido al helado de vainilla con charlotte fue la negativa del funcionario a garantizar el pago inmediato de algunas deudas reclamadas por los contratistas de obras públicas.
“Nos condujo con éxito desde el medio de la tormenta al principio de la reactivación”, saludó Baglieto al ministro, arrancando aplausos de un auditorio de empresarios mucho más poblado que lo habitual para este tipo de almuerzos. Quizá porque se esperaba la presencia del flamante titular de Planificación, Julio De Vido, a quien muchos esperaban conocer. Pero el retraso del vuelo que lo debía traer de Santa Cruz postergó el encuentro.
Lavagna explicó que el Presupuesto Nacional prevé partidas por 3500 millones de pesos para obras públicas. El resto para completar los 6000 mencionados provendrá de la reasignación de varios fondos fiduciarios por unos mil millones y de la utilización de créditos disponibles otorgados por organismos multilaterales. El ministro también aseguró que están disponibles los fondos necesarios para poner en marcha el plan de viviendas lanzado a través del Fonavi. Se trata, según detalló, de ocho mil viviendas distribuidas en varias provincias, para cuyo inicio serán necesarios 89 millones de pesos.
“Muchos sectores se resisten a aceptar que en la crisis ha habido un costo hundido y hay que asumirlo definitivamente”, fue la tajante respuesta de Lavagna a los reclamos al Estado de pago de deudas por supuestos mayores costos o actualización monetaria, consecuencia de la inflación. Pese al contrapunto en público, la Sigen tiene a estudio varios ajustes al valor de los contratos que Economía admitió y que, en algunos casos, habrían permitido reanimar obras paralizadas hace meses.
Para el futuro, Lavagna planteó perspectivas alentadoras para el sector, coincidiendo plenamente con algunas ideas plasmadas por la CAC en su “Plan Posible”, elevado a las autoridades semanas atrás.
- Una es que el Estado tiene el dinero, “pero sólo hay que superar un problema de management” para aprovecharlo mejor. “Los fondos están pero a veces faltan programas”, según el ministro.
- Otro postulado compartido es que podría utilizarse el dinero acumulado por las AFJP para apalancar construcciones. “Es muy razonable”, admitió Lavagna, aunque aclaró que no hay nada cerrado en ese sentido. Para el ministro, la discusión de este punto forma parte de “la necesidad de una reforma del desastroso sistema previsional”. Debate que, a su juicio, los lobbies del sector intentarán impedir. Según los constructores, el ahorro previsional podría ser canalizado a viviendas a través de créditos hipotecarios de largo plazo.
Otro punto de coincidencia, omitido en público, es que a partir del año que viene se replanteará el financiamiento de la explotación de las rutas concesionadas por peaje, eximiendo al Estado de pagar una “compensación” que evite el encarecimiento de la carga para los usuarios. En octubre caducan casi todos los contratos y habría acuerdo en que la operación se relicite sobre nuevas bases. Las operadoras que esperan seguir con la concesión apuestan a que se las exima de responder por las inversiones no realizadas.
Lavagna y De Vido miran con simpatía esta fórmula aunque aún no precisaron los términos de esa nueva licitación. Con ella quedarían liberados no menos de 400 millones anuales del Fondo Fiduciario deInfraestructura que hoy se destinan a contener los precios de los peajes. “El dinero es fungible”, especula Baglieto. En otras palabras: mientras el Estado pague, se puede operar una ruta, pavimentar un camino público o construir una central hidroeléctrica. La cuestión es que siga existiendo el negocio.