El Ministerio Público es técnicamente un poder distinto del judicial, pero no se ha forjado una imagen propia; es visto desde la sociedad como parte de la corporación judicial. ¿Por qué?

–Esa imagen ha ido cambiando, sobre todo a partir de los juicios de lesa humanidad, donde el Ministerio Público fue y es un protagonista central junto a los organismos de derechos humanos. Obviamente también hubo sectores involucrados y comprometidos con los crímenes de la dictadura, y si bien todavía hay magistrados que formaron parte de servicios de inteligencia en la dictadura, hay una conformación que va cambiando y que motorizó imputaciones hacia jueces y fiscales. La creación de estas unidades refuerza esa diferenciación. La idea es que tengamos un Ministerio Público ágil, autónomo, con una impronta ejecutiva, a diferencia de los esquemas judiciales, que funcionan con principios propios de un sistema acusatorio. Y el hecho de que el movimiento por una Justicia Legítima sea encabezado por gente de los ministerios públicos como la procuradora, la defensora general y varios fiscales, creo que marca una renovación y una diferenciación con los sectores corporativos judiciales históricos. Ahora esa diferenciación no sólo es declamada sino que la plasmamos en dictámenes, en actos, en la impronta de trabajo concreta de cada día.