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Legisladores opositores sellaron ayer el acuerdo que ya habían esbozado desde que los proyectos del Gobierno para “democratizar la Justicia” llegaron al Congreso: plantear la “inconstitucionalidad” de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura. Diputados de la UCR, el PJ anti K, el FAP y el PRO acordaron la organización de la presentación en simultáneo de amparos en tribunales de todo el país para el día que el Ejecutivo promulgue la ley sancionada por el Congreso: la norma aumenta la cantidad de consejeros y establece su elección a través del voto popular.

Del encuentro que se realizó en el anexo del Senado participaron los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Juan Pedro Tunessi y Elsa Alvarez (UCR), Federico Pinedo (PRO), Gerardo Milman (GEN-FAP), Enrique Thomas y Eduardo Amadeo (Frente Peronista), además de la senadora cobista Laura Montero (UCR), representantes de colegios de abogados, ONG ligadas a la Justicia, constitucionalistas y hasta autoridades de facultades de Derecho de universidades privadas.

Allí, Bullrich definió públicamente el motivo de la reunión: “Que el día que se promulgue la ley a las 11 (horas) en todo el país se presenten amparos”. Una propuesta que ya maduraba entre las bancadas opositoras, tras la imposibilidad de imponer numéricamente sus propios criterios durante el debate en el recinto de ambas Cámaras legislativas.

La propuesta fue acogida por el resto de los partidos que participaron del encuentro. El radical Tunessi apoyó la idea de que haya “24 distritos del país donde se presenten amparos impugnando la ley al unísono” y advirtió que “el tiempo y la oportunidad” son fundamentales para que la iniciativa conjunta tenga éxito.

Federico Pinedo dijo que el PRO va a recurrir a la Justicia Electoral para impugnar la forma de elección de consejeros que establece la ley por “los trucos para evitar que los partidos políticos puedan presentar candidatos”, además de anunciar que el macrismo publicará en la página web partidaria un modelo de amparo para que distintas personas puedan presentarse ante los juzgados de distintos puntos del país.

Thomas precisó que en el peronismo disidente “estamos evaluando la misma estrategia y podemos coordinar el tiempo y la oportunidad para hacer la presentación”, mientras que Milman ratificó que el FAP “también va a presentar un pedido de inconstitucionalidad” contra la reforma del Consejo de la Magistratura, que se sumará al pedido de nulidad que ya planteó por la limitación de las cautelares contra el Estado.

Los especialistas también sumaron argumentos. El constitucionalista Daniel Sabsay insistió en que la reforma judicial que impulsa el Gobierno está dirigida a “domesticarla, dominarla”, porque “niega a Montesquieu” y la división de poderes republicana. El jefe de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, se encargó de explicarles a los legisladores que si los reclamos ante la Justicia no prosperan habrá que continuar “la batalla” en “la Justicia internacional”. De todas maneras, el acuerdo opositor para la presentación simultánea de amparos en todo el país contra la reforma en la Magistratura ya se había sellado.