La abogada de los empresarios, Florencia Arieto, cuestionó los montos de las penas a que fueron condenados los ex policías Ferranti y Trevisán, porque “los jueces no tuvieron en cuenta las torturas y el secuestro de los hermanos Iaccarino mientras estuvieron detenidos en el COT 1 de Martínez, donde les hicieron la tarea de ablande para despojarlos de sus bienes”. Según la interpretación de la querella, “debió observarse el derecho penal, pero en el marco de un genocidio y no como hicieron los conjueces del doctor Rozanski, que se centraron en la cuestión objetiva del hecho jurídico”. Pese a las críticas que Arieto le hizo al fallo, rescató que “hubo condenas, se comprobó que a los Iaccarino los despojaron de sus bienes, o sea que el delito existió, pero en una escala de menor responsabilidad para el Tribunal”.

La abogada también consideró, como sus patrocinados, que “la causa deja abierta la responsabilidad de la pata civil, porque a estos empresarios se les robaron sus bienes mediante una arquitectura jurídica muy fina, viciada de ilegalidad. Hasta se usó a un juez federal, Leopoldo Russo, para avalar todo el despojo”. Los ex policías Ferranti y Trevisán están imputados, aunque no procesados, en la causa del centro clandestino de detención El Infierno. Podrían recuperar de inmediato la libertad en este juicio, pero el fallo del TOF N° 1 los dejó, en perspectiva, en una situación comprometida para el futuro.