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Desde el gobierno nacional y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) salieron ayer a respaldar a la docente de un secundario de San Luis, Romina García Hermelo, que fue severamente sancionada –con una suspensión de 90 días sin goce de sueldo– por promover la lectura en un curso de cuarto año de un libro que narra la historia de una adolescente que se siente atraída por su profesora de alemán. “La sanción es arbitraria, porque no se tuvo en cuenta la voz de la docente. Sería importante que el Ministerio de Educación de la provincia la revise y revea la situación de la profesora”, opinó la ex diputada Cecilia Merchán, actual funcionaria en la Jefatura de Gabinete de Ministros. La CHA, en tanto, envió una nota al gobernador de San Luis, Claudio Javier Poggi, en apoyo a García Hermelo y expresó una felicitación a la profesora “por promover los valores de la diversidad que están en la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral”.

Tanto la CHA como Merchán se enteraron de la sanción que recibió García Hermelo a partir de la publicación del caso en la edición de ayer de Página/12. Merchán, coordinadora de Articulación Estratégica de la Jefatura de Gabinete, se comunicó ayer con la profesora de Lengua y literatura y le manifestó su respaldo. Hoy, adelantó la funcionaria, hará el seguimiento de la denuncia que presentó García Hermelo ante el Inadi, después de ser sancionada, al considerar que en realidad fue discriminada por su forma de pensar y vestir, más que por el contenido del libro.

Tal como informó este diario, García Hermelo es profesora en el curso de 4to. “C” del colegio Nicolás Antonio de San Luis, más conocido como Bellas Artes, de la capital provincial. Es una escuela pública. El Ministerio de Educación de la provincia le aplicó la sanción luego de que un grupo de padres y madres cuestionaran el libro Hay una chica en mi sopa, de la escritora peruana Silvia Núñez del Arco Vidal, como “pornográfico” y un “atropello” a la educación de sus hijos. García Hermelo lo dio como lectura “complementaria”, afirmó. Varios alumnos y alumnas dijeron que les daba vergüenza leerlo en voz alta. Inmediatamente, los directivos de la escuela ordenaron el secuestro de los libros y los guardaron en un depósito del edificio escolar hasta que los padres los retiraran del establecimiento. Pero la docente no tuvo oportunidad de defender la elección del texto. Ni la escuela ni el Ministerio generaron una instancia de diálogo entre los padres y los alumnos para hablar de las diferencias que tenían en torno de la lectura. García Hermelo explicó a Página/12 que buscó cumplir con el abordaje transversal que plantea la Ley de Educación Sexual Integral. El episodio generó la semana pasada una marcha de padres autoconvocados, organizaciones sociales y sindicales en apoyo a la profesora. Tanto el gremio docente ASDE como la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA en San Luis repudiaron la actitud de las autoridades educativas –frente al planteo de los padres y madres– y advirtieron que se perdió una oportunidad de convertir “un desacuerdo en un acto educativo”. El martes de la semana pasada, el ministro de Educación, Marcelo Sosa, aceptó recibir a la profesora García Hermelo y le comunicó que el gobierno provincial daba marcha atrás en el quite de sueldo que se le había impuesto en un primer momento, por tres meses, mientras se le sustancia un sumario administrativo. San Luis es una de las provincias que menos esfuerzo viene haciendo para implementar la educación sexual integral en las aulas.

“Este caso deja a la luz que una cosa es conquistar leyes y otra que después se apliquen en todo el territorio. Es evidente que hay sectores reaccionarios que intentan limitar la ampliación de derechos”, consideró Merchán. A su entender, al sancionar a la profesora que buscó llevar la educación sexual integral al aula se violó la Ley 26.150, pero también otras normativas. “Se puede discutir el texto en sí mismo. Todo texto es pertinente, depende de cómo se trabaje en el aula. Pero en la Argentina tenemos leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género, y se debe entender que nuevas formas de vínculos y de familias están legalizadas. Y de estos temas hay que hablar en las aulas”, agregó Merchán, en diálogo con Página/12.

“En la presentación que hicimos ante el gobernador no sólo expresamos nuestro apoyo, sino nuestra felicitación a la profesora. Resulta alarmante que a una docente se la suspenda por cumplir con una ley nacional y se atienda a los prejuicios y discriminaciones de algunas personas, más en una escuela pública y en un curso de 4to año”, dijo César Cigliutti, presidente de la CHA.

Para Pedro Paradiso Sottile, secretario y coordinador del Area Jurídica de la CHA, “son los funcionarios quienes deben garantizar la aplicación de las leyes de nuestro país. Desde la CHA denunciamos estas conductas y acciones que refuerzan aún más la discriminación en vez de trabajar por la igualdad y la diversidad sexual”. En su nota al gobernador puntano, la CHA pidió que se “proteja a los/as docentes que como la profesora Romina García Hermelo reivindican los valores de igualdad y respeto por la diversidad”.