La condena al ex presidente Carlos Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador llegó al cabo de un proceso de 18 años, tantos como los que pasó Juan Perón fuera de la Argentina luego de su derrocamiento. Y todavía falta el tiempo que se tomen la Cámara de Casación y la Corte Suprema para confirmarla o revocarla. Como Fernando De la Rúa no es peronista sino radical, lleva menos de la mitad de tiempo procesado por el pago de sobornos para aprobar la ley de precarización laboral. Con tal de incomodar a Cristina, la prensa opositora interpretó esta condena a Menem como demostración de que la justicia siempre llega. La salvedad que faltó es que contra la presidente sólo hay denuncias de contenido político: una del fiscal Carlos Stornelli por el pago de deuda externa con reservas del Banco Central y las restricciones a la compra de dólares para atesorar y otra del fiscal Federico Delgado por el manejo estadístico del INDEC, es decir medidas de gobierno y no actos de corrupción. La justicia funciona hoy con una celeridad y una independencia que no tuvo nunca antes. De eso dan cuenta la condena a la ex ministra de Economía Felisa Miceli y los procesamientos de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Schiavi, quienes debieron dejar sus cargos, así como la hiperactividad judicial en distintas propiedades de Lázaro Báez, donde no quedó piedra, papel o tijera sin revolver.