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Al piso 11 se llega en ascensor. Pero después hay que iniciar un largo y sinuoso recorrido a pie hasta el bunker de Juan González Gaviola, dos pisos más arriba. En el laberinto se deben sortear varias puertas, agentes de seguridad y otros empleados que saben lo que es hacer sentir extraño a alguien con la sola mirada. Si afuera un viento helado eriza la piel, en la sede del PAMI la temperatura no deja de subir. El flamante interventor sabe que la jugada es riesgosa y que la obra social más importante del país está alborotada. Pero la defiende, con el cuchillo entre los dientes, y convencido de que más allá de la discusión leguleya la medida cuenta con el amplio respaldo de la gente.
–Si había tanto convencimiento, ¿por qué no se intervino antes?
–El Presidente es una persona que maneja los tiempos y tuvo una actitud prudente de no actuar ante los primeros informes, que eran alarmantes, sino que ha meditado. Finalmente utilizó la herramienta que el Congreso le otorgó para intervenir.
–El Gobierno había supeditado la intervención al desplazamiento de Domingo Petrecca y Reynaldo Hermoso, a quienes acusó de obstaculizar los cambios de fondo. Esos dos directores sindicales, ligados a Barrionuevo, ya fueron removidos. ¿Con qué argumentos se interviene ahora?
–La necesidad de generar un mecanismo imperativo para la resolución de los problemas que vienen marcando la Auditoría General de la Nación, la Sigen y el defensor del Pueblo, en tiempo y en forma y con un mecanismo expeditivo.
–¿Aunque pueda considerarse poco democrático?
–El directorio colegiado no es el mejor instrumento para hacer las cosas rápidas. Es un instrumento que tiene mucha inercia.
–No me contestó.
–El directorio que suplantamos con la intervención representaba una democracia acotada a 11 personas.
–Pero, si bien sólo votó el 10 por ciento de padrón del PAMI, fueron elegidos en un proceso de normalización.
–Las decisiones que los directores tomaron no fueron necesariamente democráticas ni tampoco respondieron a las necesidades de los beneficiarios. En el PAMI se han hecho cosas de manera intencional para facilitar los circuitos de corrupción y el desvío de los fondos de los jubilados hacia finalidades que no han sido darles beneficios y esto tenemos que cortarlo y cortarlo rápido. Yo sé que este mecanismo de la intervención va a ser tildado de concentración de autoridad, pero a diferencia de otras intervenciones somete el ejercicio de esa autoridad a un plan y a un control muy intenso de la AGN, la Sigen, el ombudsman, el defensor del Pueblo, con opiniones como el de la Superintendencia de Salud. Ahora va a estar más controlado el ejercicio del poder.
–En la CGT lo tildan a usted de “autito chocador” por su inflexibilidad para negociar y por su atropello.
–Nosotros no vamos a negociar nada.
–Hablo de negociación no en el sentido peyorativo sino en la búsqueda de consenso con todos los actores del PAMI...
–Nosotros podemos charlar, explicar. Cuando se negocia la estructura te chupa. Nosotros tenemos que terminar con las gerenciadoras, con los intermediarios. Y vamos a terminar con los intermediarios. No habrá más intermediarios. Ahí hay un pozo negro donde se va la plata. Hay 78 contratos que hay que revisar uno por uno. Hay casos donde el prestador subpresta y se lleva una tajada sin hacer nada. El PAMI cuenta con 75 pesos por afiliado por mes, pero a nadie ni por las tapas le llega esa plata. ¿Qué vamos a negociar?
–Ya hubo un llamado de Barrionuevo a “negociar” con el “movimiento obrero”. ¿Usted lo entendió como una amenaza?
–Kirchner inaugura la etapa de satisfacer las expectativas que la gente tiene. La intervención, de hecho, la aprueba la gente, ese es el consenso que nosotros tenemos. No es una fuerza corporativa sino la legitimidad de la gente, que obliga a poner a las corporaciones en el lugar que corresponde. En el ‘90 se sumó poder a las corporaciones en desmedro de la gente. Ahora vamos a cambiar eso. Vamos a seguir chocando. No me molesta que me llamen autito chocador.
–El Gobierno ya habló de “carteles” y “mafias”...
–...El PAMI tiene sentido de existir si regula la política de salud. Al tener 3.150.000 afiliados le permite un poder de compra que hace sentar a las prestadores de forma distinta. Ahora nosotros queremos descentralizar la obra social pero no con la idea del desguace de los ‘90, cuando se descentralizó la educación, que terminó promoviendo un plan de educación por cada provincia. Nuestra idea es establecer un nuevo modelo en el PAMI que nada tiene que ver con transferir las responsabilidades a cada provincia, sino que apunta a limpiar de intermediarios.
–¿Esa sería la primera medida de la intervención?
–No. Paso a paso. Primero vamos a normalizar el funcionamiento, después a establecer un reglamento de compras, que la Sigen y la AGN alertaron que no existe. El tercer paso será establecer un manual de funciones, que nos permita establecer responsabilidades porque acá nadie es responsable de nada. El cuarto paso, fijar un manual de procedimiento, para no valernos, como hasta ahora, de los usos y costumbres, que da lugar a cualquier cosa, Y finalmente después vamos a descentralizar.
–Usted dijo que se interviene a partir de irregularidades concretas y comprobadas. ¿Puede dar algunos ejemplos?
–Hay situaciones irregulares e ilegales. La empresa Amplitone ganó una licitación por la cual se comprometía que cuando a un jubilado le faltara un audífono ella se lo tenía que proveer. Y como contraprestación el PAMI le tenía que pagar una cápita. Ese contrato se venció y al igual que otros contratos fue renovado de hecho. Durante un tiempo las prestaciones siguieron y en un período donde el PAMI, por su crítica situación financiera, deja de pagar, y la empresa baja de un nivel de 1500 audífonos al mes a 20 al mes. Y después esta empresa inicia acciones judiciales para cobrar y se logra un acuerdo extrajudicial donde a la empresa se le pagaría como si hubiera entregado los audífonos que no entregó. Hay algunos indicios de que la falta de informes sobre si la empresa estaba dando las prestaciones que estaba comprometida por contrato fue intencional. Claramente acá había una lesión a los intereses del PAMI.
–¿Otro caso?
–Caso Epora. En la gestión del doctor Corchuelo Blasco se habían hecho las acciones necesarias para llamar a licitación las prestaciones odontológicas. Cuando asume este directorio ese expediente, como se llama en la jerga local, lo “pisan” y no se llama a licitación. Y de repente aparece una empresa por afuera, que es Epora, y que ofrece dar prestaciones. El circuito administrativo por el que ingresa esta empresa es anormal porque no pasa, por ejemplo, por el área de odontología, ni las comisiones que el mismo directorio tenía para discutir los temas de prestaciones médicas. Hace su aparición en una reunión de directorio y directamente se convalida su contratación directa.
–En ese directorio estaba Pacheco, el pediatra de los hijos de Duhalde.
–Sí, es verdad. Pero déjeme contarle otra situación anormal de ese directorio. Un situación increíble. Una vez autorizó a Reynaldo Hermoso a pasar por tesorería y llevarse plata en efectivo para pegar a prestadores que teóricamente atendían la situación de emergencia de Santa Fe. Hay normativas de la AFIP que dicen que todo pago mayor a una determinada cantidad de plata debe ser hacerse en cheque. El PAMI debe pagar en cheque.
–Barrionuevo es una figura recurrente cada vez que se habla del PAMI...
–...yo a Barrionuevo no lo vi. Es un secreto a voces que él podría estar vinculado a redes de prestadores o intereses. Sí vimos resistencia de personas vinculadas a un sistema político y al mismo Barrionuevo planteando el tema de su resistencia, por lo que suponemos que algún interés particular tiene. Pero esto no es cuestión de nombres. Nosotros vamos en una dirección y si alguien su cruza lo vamos a chocar.
–¿No es persecución gremial cuestionar el número de delegados sindicales y poner en duda los reclamos salariales legítimos del sector, como usted hizo?
–Es un elemento más que arrastra el nivel de anormalidad que estamos viviendo. Hay una deformación al estilo de un viejo pensador francés que decía “el Estado es mío”. En este caso, creen que el PAMI es de ellos. El nivel salarial promedio de los 10.500 trabajadores del PAMI, al que hay que sumarles algunos contratados, es de 1850 pesos, mientras que el de las jubilaciones es de apenas 250 pesos. Cuando hay prestaciones de excelencia es lógico que el personal tenga sueldos de excelencia, pero este no es el caso, porque las prestaciones son muy malas. Es verdad, como usted dijo, que los trabajadores tienen un crédito por cobrar por el 13 por ciento que se les descontó, pero no es el único crédito que deberá pagar el PAMI. Hay prioridades. Y la número uno es de cumplir con las prestaciones. Yo no estoy en desacuerdo en que se pague ese 13 por ciento, pero tenemos que ser justos y equilibrados. Mi prioridad son las ancianas que están en las camas mojadas porque no teníamos pañales para darles, o los que están esperando prótesis. Primero están los beneficiarios.
–¿A qué aspira el Gobierno con esta intervención de 6 meses?
–Dicho sintéticamente: a terminar con las mafias que hay en los circuitos prestacionales. Acá hay gente que recibió amenazas e intimidaciones cuando afectaron núcleos de interés. Nosotros vamos a acabar con las amenazas y con las mafias.