Desde Nueva York

“La causa Argentina es la causa del G-77”, sentenció el representante de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, presidente del grupo de 134 países que ayer volvió a manifestar su respaldo unánime a nuestro país en el marco de la disputa que mantiene con el juez Thomas Griesa y los fondos buitre. Las delegaciones de Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, Cuba, Nicaragua, Colombia, Perú, Egipto, Palestina, India, Jamaica, entre otras que hicieron uso de la palabra, propusieron el envío de una nota al juez Griesa, al gobierno estadounidense y a la Corte Suprema de ese país, en la misma línea que la declaración firmada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 14 y 15 de junio. Los representantes coincidieron en los cuestionamientos a los capitales especulativos, advirtieron sobre el impacto negativo en todos los países en desarrollo con situaciones financieras similares y reclamaron por mecanismos internacionales transparentes para renegociar las deudas soberanas.

El primero de los representantes en hablar en defensa de la Argentina fue el embajador permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Antonio Patriota. Tras felicitar a Bolivia por la organización de la cumbre de Santa Cruz, el brasileño afirmó que Argentina recibía el apoyo de su país, de la región y del G-77+China porque la situación con los fondos buitre “tiene que ver con toda la comunidad internacional, porque tiene que ver con la racionalidad”. “Esto expone la irracionalidad de la resolución judicial”, continuó Patriota, que fue un poco más allá y planteó la necesidad de repensar “qué es el Estado de Derecho”. “Lo que demuestra este caso es que el comportamiento irresponsable, poco moral, y con consecuencias destructivas para el sistema financiero internacional puede ser perfectamente legal. Es un tema interesante para pensar. El sector privado, los intereses privados, pueden ser perfectamente inconscientes e insensibles a las consecuencias económicas de su comportamiento”, concluyó Patriota, que reclamó una ampliación de la perspectiva de los derechos humanos.

“El G-77 debe insistir más que nunca en la necesidad de contar con mecanismos de reestructuración de deuda soberana que reflejen un equilibrio entre las obligaciones de deudores y acreedores”, afirmó el embajador de Chile ante Naciones Unidas, Cristian Barros.

A tono con el discurso crítico de su presidente, Rafael Correa, el representante ecuatoriano advirtió además sobre el rol de “las grandes cadenas mediáticas” que legitiman con su discurso la situación de la deuda externa como ocurrió en la Argentina. “Tenemos que ir posicionando dentro de Naciones Unidas esta otra verdad, que es la verdad de nuestros pueblos”, señaló.

Uno de los más duros fue el embajador cubano Rodolfo Reyes, quien llegó a hablar de “una acción genocida”, al referirse al posible impacto del fallo del juez Griesa. “Le estaría negando a un pueblo el derecho al desarrollo. Desde el punto de vista de los derechos humanos es insostenible”, remató Reyes, quien consideró que “se ha perdido toda ética, toda capacidad moral”. “No podemos permitir que tres personas, por un sentido de lucro, puedan llevar a la quiebra a un país entero”, finalizó.

Pero el respaldo no fue solamente de los países latinoamericanos sino que también Estados de peso como la India, que integra el Brics, marcaron un acompañamiento a la posición nacional: “Las implicaciones no son solamente graves para la Argentina sino para todo el mundo en desarrollo y para todo el sistema internacional”, expresó el embajador de la India, que llamó a “reformar la gobernanza multilateral”.

Antes de concluir las exposiciones, que fueron acortadas ya que el ministro de Economía, Axel Kicillof, debía tomar el vuelo de regreso a Argentina, el canciller argentino Héctor Timerman pidió la palabra para agradecer el apoyo y ratificar la voluntad de pago de la Argentina. “Una sentencia judicial quiere empujar a la Argentina a saltar a un precipicio pero la Argentina no va a saltar”, explicó Timerman, que a su vez cuestionó la actitud de “banqueros internacionales” que toman decisiones en salas de edificios lujosos y modernos, con efectos negativos sobre los sectores más pobres de los países en desarrollo. “Queremos cumplir con nuestros compromisos y vamos a cumplir nuestros compromisos, pero no con el hambre de nuestro pueblo”, remató el canciller.