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La multitudinaria movilización piquetera, la más masiva desde la asunción de Néstor Kirchner, no hizo cambiar de parecer al Gobierno, que ayer salió a bajar el tono del conflicto. “El movimiento piquetero está ejerciendo su derecho a la protesta y al reclamo y ello es absolutamente lógico”, sostuvo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En cuanto a la denuncia penal, y aunque admitían que ahora se encuentra en terreno judicial, en el Gobierno explicaban ayer que la idea es olvidarla, como parte de la política de distensión inaugurada en los últimos días.
El conflicto comenzó dos miércoles atrás, cuando un grupo de organizaciones piqueteras, entre las que se encontraban el MUP-20, la Tendencia Clasista y Combativa y el MUP, bloquearon el Ministerio de Trabajo en reclamo de planes de empleo y alimentos. Indignado por lo que consideró un desafío directo a su autoridad, Kirchner instruyó a Tomada para que radicara una denuncia penal, que recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, hoy subrogado por Sergio Torres.
La decisión, sumada a otras movidas, como el anuncio sobre la creación de una brigada antipiquetera, marcó un quiebre en la relación entre el Gobierno y algunas de las organizaciones de desocupados. Sin embargo, con el paso de los días el Gobierno le imprimió un nuevo giro a su postura, y el propio Kirchner salió a distender la situación recibiendo en la Rosada a algunos de los líderes de la protesta social.
Como lo cortés no quita lo valiente, los grupos piqueteros, que ya habían anunciado una marcha en repudio a la decisión de judicializar el conflicto social, optaron por sostener la medida. Es más: en la manifestación de ayer, la más masiva desde el 25 de mayo, algunos líderes piqueteros difundieron consignas de confrontación directa con el Gobierno (ver notas aparte).
Sin embargo, la posición de la Rosada no varió respecto de la última semana. “El Gobierno reconoce esas expresiones”, sostuvo ayer Tomada cuando lo consultaron por la protesta en la Plaza de Mayo, que calificó como “legítima” y “lógica”.
El ministro fue más allá, y hasta adelantó que analizará las demandas de los piqueteros. “El Gobierno verá de qué manera las puede atender”, aseguró luego de un almuerzo organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas en el Hotel Claridge. Finalmente, Tomada ratificó que la creación de nuevas fuentes de trabajo es el eje de la preocupación oficial. “El Gobierno ha colocado al empleo en el centro de sus decisiones. Se avanzará en la inversión en obra pública y vivienda como uno de los mecanismos más rápidos, activos y concretos para lograr trabajo formal, y en la incentivación del mercado interno, que implica recuperar niveles de consumo mediante una política salarial activa”, señaló Tomada.
Ante una consulta de los periodistas, el funcionario prefirió no mencionar la presentación judicial que él mismo, por orden de Kirchner, realizó hace diez días. En aquella oportunidad, Tomada denunció el bloqueo del Ministerio y el fiscal Luis Comparatore, muy entusiasmado, se apresuró a pedir la detención de los piqueteros por “privación ilegítima” de la libertad.
Una vez presentada, la denuncia ingresó en terreno judicial y quedó fuera de la órbita del Gobierno. Ayer, sin embargo, en la Rosada admitían que no impulsarán la acusación, presentada en un momento de furia. Es más: según decían, apuestan a que la Justicia deje pasar la presentación y que todo el mundo se olvide del tema.