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“Es la primera vez que son condenados los responsables políticos de una decisión represiva que enlutó al país, y a una pena muy cercana a la que habíamos pedido para el secretario de Seguridad Enrique Mathov y el jefe de Policía Rubén Santos, lo máximo posible en el contexto probatorio de este caso donde ellos condujeron la represión y crearon las condiciones para que los homicidios se produjeran era de cinco años, y les dieron cuatro y nueve meses. Por eso no puede decirse que éste sea un caso de impunidad”, fue la contudente definición de Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), organismo querellante en el juicio.

Cuando ingresaron los fotógrafos y camarógrafos a la sala de audiencia el grupo de policías de menor rango se tapó la cara. No así Santos y Mathov. “La actitud de ellos ha sido altiva y desafiante, de ninguna manera de arrepentimiento ni de vergüenza”, apuntó el periodista.

Sin embargo, Verbitsky destacó que lo que sí es vergonzoso es que “hayan pasado 15 años para condenar a los responsables de asesinatos cometidos el 19 y 20 de diciembre de 2001, ahí hay un tema de reforma estructural del sistema de justicia, del cual haría bien en ocuparse el presidente de la Corte Suprema en lugar de hablar de impunidad”.

¿Cuál es el mensaje hacia la política?, le preguntaron sobre la sentencia. “Es de suponer que de ahora en más los secretarios de seguridad y los jefes de policía lo van a pensar dos veces, es un mensaje especialmente oportuno con este nuevo gobierno que comenzó con balas a chicos de una murga, de lo cual al día de hoy no hay un sumario que explique nada sobre ese hecho”.

Y sobre la ausencia del ex presidente Fernando de la Rúa como acusado, Verbitsky ratificó que llevarán el caso “al sistema americano de protección de los derechos humanos” porque “el estado de sitio no es carta franca para hacer cualquier cosa, aquí se usó para hacer una represión alevosa disparando a matar a las personas y provocando la tragedia que ocurrió”.