En medio del debate por la composición de la Corte Suprema y las candidaturas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el Senado avanzó ayer en el tratamiento del proyecto de Acceso a la Información Pública, que recibió críticas de organizaciones no gubernamentales, jueces y especialistas en la materia. Si bien la mayoría de los expositores convocados por la comisión de Asuntos Constitucionales reivindicaron el debate, las opiniones se repartieron entre quienes consideraron fundamental no dilatar la sanción de la ley y quienes reclamaron modificaciones al texto aprobado en Diputados, lo que provocaría que el proyecto vuelva a esa cámara.

“Este proyecto de acceso a la información permite una interpretación demasiado restrictiva sobre los datos personales”, afirmó ayer el juez en lo contencioso administrativo Guillermo Scheibler, quien advirtió que “es común que el Estado trate de negarse” a responder esos pedidos escudándose en los “datos personales”. El magistrado señaló por ejemplo que si la ley estuviera vigente la Corte Suprema no hubiera podido dictar su fallo a favor de la difusión del contrato entre YPF y Chevron.

Fernando Bracaccini, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló, entre otras cuestiones, otro aspecto problemático de la ley vinculado con la agencia de Acceso a la Información Pública. En Diputados se había logrado modificar el artículo 27 del texto enviado por el Ejecutivo, incluyendo la intervención vinculante del Congreso para la remoción del director de la agencia. De todas maneras, ayer destacó “la necesidad de que el órgano de control sea independiente”. Sobre este punto, la constitucionalista Marcela Basterra sostuvo que “esta agencia para garantizar el acceso es un mecanismo de control pero no es un organismo de control”. La abogada llamó a sancionar la norma ya que “el proyecto de ley es muy bueno. De la reunión de comisión también participó el ex fiscal de la oficina anticorrupción Manuel Garrido y el constitucionalista, Eduardo Barcesat, quien aseguró que “hablar de acceso es mejorar la calidad de vida ciudadana”. Según Garrido “Argentina adeuda una ley de este tipo y es positivo que el Congreso haya decidido afrontar la cuestión”. Luego de esta audiencia los senadores se aprestaban a firmar dictamen y el proyecto ya quedaría listo para su tratamiento en el pleno de la Cámara alta.