El juez federal Daniel Rafecas ordenó la inhibición general de bienes del ex secretario de de Obras Públicas, José López, de su esposa, María Amalia Díaz, y su suegra, Lucila Corvalán de Díaz, así como el congelamiento de todas las cuentas bancarias a su nombre. Mientras el ex funcionario protagonizaba una escena dantesca ayer en la fiscalía de General Rodríguez, golpeándose la cabeza contra la pared y otras autoagresiones, la Policía Federal allanaba –por disposición de Rafecas– ocho propiedades vinculadas a él y su familia, empezando por la de Río Luján –donde estaba horas antes de dirigirse rumbo al convento con casi 9 millones de dólares–, otras en la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Tucumán. También hubo un procedimiento en una caja de seguridad que estaba a nombre de López. Hoy está previsto su trasladado a los tribunales de Comodoro Py, para que sea indagado por lo que el juez considera un evidente incremento patrimonial injustificado, ya que había declarado un patrimonio de dos millones de pesos. Sin embargo, su abogada, Fernanda Herrera, dijo que va a evaluar si está en condiciones de declarar. La defensora había alegado que tenía alucinaciones; los médicos dijeron que podía ser interrogado, pero luego un perito judicial lo puso en duda y pidió realizar una nueva evaluación en las próximas horas.

“Estuvimos ocho años buscando cuentas afuera, exhortos, y la plata siempre estuvo al lado de él”, se lamentó ayer el fiscal Federico Delgado. “Es frustrante que la Justicia no pueda darse cuenta en ocho años y que la plata la encontremos cuando la está tirando”, remarcó, con un dejo de autocrítica. La causa contra López que Rafecas tiene a su cargo es por presunto enriquecimiento ilícito, delito que prevé de uno a seis años de prisión. Pero es investigado en otros expedientes, que incluso Delgado hace tiempo consideró emparentados con el de enriquecimiento. Uno es el que tiene a cargo el juez Julián Ercolini, basado en una denuncia de Elisa Carrió sobre la existencia de lo que consideró una “matriz de corrupción”, en la que ciertos funcionarios tenían fuertes relaciones con un grupo de empresarios beneficiados con contratos de obra pública. Ercolini investiga una posible asociación ilícita, delito que prevé de tres a diez años de cárcel. También Marcelo Martínez de Giorgi tiene a López imputado en una causa donde justo ayer decidió llamar a indagatoria a cuarenta personas, entre ellas también el ex ministro Julio De Vido, los hermanos Schoklender y Hebe de Bonafini, por la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos (ver aparte).

El expediente sobre el patrimonio de López, en un comienzo abarcaba el posible crecimiento injustificado de sus posesiones entre 2003 y 2008, pero ayer el juez resolvió que ampliará la pesquisa también al período de 2009 a 2015, por lo que pidió las declaraciones juradas que presentó en la Oficina Anticorrupción durante ese período. La defensa del ex número dos de Julio De Vido había intentado que se excluyeran de la investigación los tres primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Pero el planteo fue rechazado en todas las instancias, incluso en la Cámara de Casación, con los votos de Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David. El voto principal, de Slokar, recordaba que la Constitución “ha dado el mayor impulso a la sanción” de actos de corrupción con este concepto: “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.

El pedido de allanamientos, que impulsó el fiscal Federico Delgado, disponía el rastreo de dinero, joyas y objetos de valor en forma urgente para “evitar que el círculo íntimo de López facilite la fuga del producido del delito”. El Estado argentino, por los pactos contra la corrupción que suscribe, está obligado a “recuperar los activos” provenientes de ilícitos. En un dictamen que se conoció cuando López fue atrapado in fraganti, Delgado insistió en que cree que la investigación sobre el aumento patrimonial de López estaría cuanto menos “concatenada” con la que sigue Ercolini. La Cámara Federal hace dos semanas aceptó ampliar el “objeto procesal”. “Ya no se investiga sólo el enriquecimiento ilícito de López y su círculo familiar, sino también su participación en la adjudicación ilegal de obra pública a la empresa Ravella & Carranza SA.” Esa firma adquirió Gotti Hermanos, que estaría controlada por el empresario Lázaro Báez.

Delgado insiste en que “el presunto enriquecimiento ilícito de López y su participación para “digitar la adjudicación de la obra pública nacional” son eslabones de una misma cadena que no pueden ser escindidos. Sobre todo, sostiene, “si tenemos en cuenta que López era, ni más ni menos, el secretario de Obras Públicas de la Nación, con lo que no podía desconocer los sucesos relacionados a la adjudicación de la obra pública nacional”.

La primera declaración de bienes de López, cuando llegó a la función pública, era de 158 mil pesos. La última, de casi dos millones de pesos. Anteayer, en el convento estaba dejando más de 8 millones de dólares. Le tendrá que explicar a Rafecas cómo obtuvo semejante fortuna.