Guadalupe Morad es doctora en historia de la Iglesia y especialista en patrimonio cultural. Fue la persona que organizó y sistematizó los archivos recién desclasificados de la Iglesia, primero en la Conferencia Episcopal Argentina, luego en la Nunciatura y durante el último año en la Santa Sede. El sábado volvió a Buenos Aires.

“Lo que hay que entender es el valor excepcional de esta medida de Francisco porque según las normas de la Iglesia esta desclasificación debía hacerse a los cincuenta años”, explica en breve diálogo con Página/12. Recuerda un antecedente con Juan Pablo II cuando ofreció información determinada de la Segunda Guerra Mundial. El arzobispo Juan Carlos Arancedo mencionó su nombre en la conferencia de prensa cuando explicó que en Roma les pidieron que la enviaran por un tiempo y fue ella viajó para trabajar y replicar el método de archivo y de catalogación que había hecho en Buenos Aires para unificar los criterios de búsqueda y de resolución.

Morad dice que los archivos fueron digitalizados en OCR, el método que no sólo muestra una imagen copiada sino que permite una búsqueda por palabras. “Para mí es importante poder decir que esto lo entiendo como una contribución con lo que se pueda a aquellas madres y familiares, para que les permita, ojalá, cerrar el ciclo de la historia familiar. Ojalá podamos contribuir a ello”.

Los archivos de cada caso varían. Están conformados por las cartas originales que mandaron los familiares dirigidas a la Conferencia Episcopal. “Si la gente no se quedó con copia, ahí van a encontrar una”, dice. Una copia en general en carbónico de la respuesta que les dio la Iglesia. En el caso de que la Iglesia hubiese hecho alguna gestión, también está la copia de la gestión que hizo la Iglesia. En general cargas a ministerio del Interior, por ejemplo. Y en el caso que exista, también la respuesta que dieron los organismos oficiales a la Iglesia. Ella dice que en la mayor parte de los casos las respuestas eran como las que recibieron los familiares: no se conoce paradero. Pero también recuerda algún caso en el que el concepto era que “merece estar detenido”.

Morad aún no tiene números precisos ni estudios sobre el contenido de lo que hay en los documentos, porque terminó la etapa de digitalizar para la apertura. Por eso insiste en que no quiere dar cifras ni puede dar datos precisos. Sin embargo aporta otros elementos. Entre los documentos hay pedidos de personas individuales, pero también y de a poco van apareciendo las organizaciones y organismos de derechos humanos. A lo largo del tiempo puede verse la evolución. El paso de las hojas sin sellos a los membretes. También las acciones y campañas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o los movimientos de solidaridad con las víctimas argentinas. También hay presentaciones de sacerdotes de familias que se acercaban a preguntar.

Y las gestiones que hicieron sacerdotes y obispos por los religiosos y los sacerdotes desaparecidos. Pero ese material Morad dice que en su mayoría es conocido.

El pedido de acceso a los documentos será centralizado por la Conferencia Episcopal. Como se dijo en la nota principal los pedidos podrán hacerlos ahora victimas y familiares o superiores de sacerdotes o religiosos. De momento historiadores y periodistas van a tener que esperar.