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- La megacausa parte de un caso testigo: Mario Roberto Abalos, el defensor de Menores del Poder Judicial de Santiago que obtuvo el beneficio del retiro voluntario en octubre de 1993. Desde entonces percibe 3424,15 pesos por el régimen de jubilaciones especiales que comprendía, entre otros, a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. La ANSeS determinó que percibió un haber de 4081,20 en incompatibilidad desde septiembre de 1995 hasta diciembre de 2003. El perjuicio fiscal total estimado es ahora de 749.970,65 pesos.
- Dora Angélica González era una funcionaria policial que fue designada en 1995 como vocal de la Cámara del Crimen de Santiago. Un año más tarde consiguió el beneficio de la jubilación policial por un monto 2211,94 pesos que fue dado de baja en octubre de 2003. La ANSeS descubrió que cuando la nombraron camarista le había mandado un comunicado a la agencia local dando aviso de la nueva designación. Sin embargo, aunque en ese momento le suspendieron la jubilación, tres meses más tarde volvió a recibirla. Desde entonces siguió cobrando “sin orden ni autorización ni firma de personal responsable”. El perjuicio fiscal estimado ahora es de 443.427,61 pesos.
- Musa Azar cobra una jubilación de 2209,46 pesos mensuales desde septiembre de 1978, cuando se acogió al retiro voluntario de la policía provincial. A partir de marzo de 1996 comenzó a cobrar sueldo por su incorporación a un cargo provincial. El 3 de enero de 2003 la administración fiscal emitió un dictamen para declarar la incompatibilidad. El perjuicio al Estado está estimado 401.201,12 pesos.