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Una vez más se comprobó que, en última instancia, las negociaciones con el FMI concluyen en el ámbito de la política. En definiciones que se acuerdan al máximo nivel de los gobiernos involucrados, como lo demuestra la intervención activa que tuvo en estos días Estados Unidos para limar las diferencias que existían en el poderoso Grupo de los Siete. También quedó en evidencia la relevancia de la política en el protagonismo que asumió Néstor Kirchner en la reciente puja con el Fondo. Los aspectos económicos, sin duda importantes, quedan subordinados a esa instancia superior que tiene matices que exceden a la fijación de porcentajes del superávit fiscal o de metas monetarias. Para esa última tarea los economistas poseen calificaciones para establecer esos objetivos, que de acuerdo con su contenido permiten vislumbrar la mayor o menor cercanía que tienen a la ortodoxia. Pero los economistas carecen de la cualidad y mucho menos de criterios para entablar una negociación, pese a que ellos se piensan a sí mismos como expertos en esa materia. Así nos fue.
Carlos Menem prefería jugar al golf antes que liderar las tratativas con el FMI, delegando en Domingo Cavallo, primero, y en Roque Fernández, luego, esa responsabilidad. Fernando de la Rúa fue coherente con su estilo de gobierno y no hizo nada, dejando todo en manos de José Luis Machinea y después también en Cavallo. El saldo de esas experiencias ha sido lo suficientemente negativo para concluir que lo menos que tienen que hacer los economistas es liderar ese tipo de negociaciones.
¿Y Roberto Lavagna? Se ha revelado como un hombre político más que uno con traje de economista, característica que se descubre ante la ausencia de un debate sobre su estrategia en materia económica, que hasta ahora se ha limitado a navegar en la cómoda cabina de un tipo de cambio elevado con un ajuste fiscal y monetario tradicional. Lo mismo sucede con Kirchner, que ha asumido la negociación con el FMI con un criterio eminentemente político.
La confusión aparece porque muchas veces se mezcla lo económico con intereses sectoriales, y éstos no tienen nada que ver con aspectos que hacen a la sustentabilidad de un plan. Con el Fondo se trata, en definitiva, de una puja de intereses, en este caso de los acreedores en default que cuentan con el Grupo de los Siete como lobbysta calificado. Por ese motivo sólo se puede abordar esa cuestión desde la política, lo que no garantiza un resultado favorable, pero seguramente con más chances que por el camino conocido. En fin, economistas, abstenerse.