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El divorcio entre los científicos, los intelectuales y el gobierno conservador francés se consumó ayer con la renuncia colectiva de cientos de responsables de los centros de investigación avanzada del país. Los científicos vienen denunciando desde hace meses los drásticos recortes presupuestarios que dejan las estructuras de investigación sin los medios suficientes. El movimiento de protesta se inició en enero pasado, luego de que el gobierno transformara 500 puestos de trabajo permanentes en puestos temporarios. A raíz de ese anuncio se creó un grupo llamado “Salvemos la investigación”, al que se le unieron actores e intelectuales que interpelaron al gobierno por su política de créditos restrictiva. Un total de 65.000 investigadores firmaron una petición en la que llamaban la atención acerca del estado catastrófico de los laboratorios. El gobierno pasó por alto las advertencias y ayer, al cabo de una asamblea general, unas 900 personas que representan a más de 2000 miembros de laboratorios científicos firmaron sus cartas de renuncia. A ellos se les suman otros 1100 jefes de unidades o equipos de investigación, que siguieron los mismos pasos.
A la vez simbólicas e inéditas, las renuncias colectivas podrían desembocar en la parálisis completa del sistema de investigación científica francés dependiente de los fondos estatales. Alain Trautmann, portavoz del movimiento “Salvemos la investigación”, calificó de gran victoria la dimisión colectiva de los científicos. Los tres organismos más importantes de investigación científica de Francia, el CNRS (Centro Nacional de Investigación científica), el INSERM (Instituto de investigación médica) y el INRA (Instituto de investigación agronómica), se quedaron sin la mitad de sus jefes de equipos. La carta de renuncia alega que “asumir la responsabilidad de la investigación en tales condiciones equivale a caucionar el abandono de la investigación pública y ello es inaceptable”.
La situación en un país tan rico como Francia tiene visos tercermundistas. En el curso del 2002, los créditos destinados a la investigación científica disminuyeron en un 30% y ello provocó una fuga masiva de cerebros hacia el extranjero. Más globalmente, el gobierno conservador de Jean Pierre Raffarin se puso en contra a casi toda la elite de la “inteligencia”. Las hostilidades quedaron abiertas el pasado 18 de febrero, cuando la revista Les Inrrockuptibles lanzó una petición “contra la guerra de la inteligencia”. Entre universitarios, científicos, intelectuales y anónimos, la petición fue firmada por más de 30 mil personas. A finales de febrero, durante la ceremonia de entrega de los premios que galardonan a los mejores actores nacionales, los César, el ministro francés de Cultura, Jean-Jacques Aillagon, fue frontalmente atacado por los actores. El titular de la cartera fue acusado de estar “asociado con el patronato” y tuvo que soportar los dos minutos de aplausos ininterrumpidos con que la asistencia saludó la denuncia.
Todas las acciones emprendidas hasta ahora por el Ejecutivo no hicieron más que enardecer los ánimos. Poco a poco, los diferentes sectores contestatarios se fueron aunando en un gran movimiento que hoy agrupa a los científicos, los músicos, los actores, los universitarios y hasta los abogados. Los intelectuales han pasado a la ofensiva, denunciando “la estupidez del equipo que está en el poder” (Marcel Gauchet, director de la revista Le Debat) o el hecho de que el gobierno “lo único que quiere es hacer economías” (Jean-Pierre Serre, matemático de renombre). La rebelión de la “inteligencia” francesa interviene en un momento delicado. Dentro de 11 días, Francia votará en las elecciones regionales y una porción mayoritaria de la opinión pública (82%) apoya a los científicos. Si laprotesta se amplifica y el gobierno aparece como el sepulturero del progreso científico, los electores le harán pagar la cuenta en las urnas.