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Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

La intervención federal a Santiago del Estero ya tiene firma. También tiene fecha. A última hora de ayer el presidente Néstor Kirchner estampó su rúbrica en el proyecto de ley que el miércoles seguramente se aprobará en ambas Cámaras del Congreso. Primero lo harán los diputados y si el trámite transcurre sin sobresaltos –tal como se especula en el oficialismo–, luego lo harán los senadores. En los planes originales no hay defensores del clan que conduce el veterano caudillo Carlos Juárez y su esposa la gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez. En cuanto al posible interventor, en la mesa chica del gobierno todavía perdura la idea de designar al tucumano Ricardo Falú, quien por ahora declinó el convite. Sin embargo, es poco probable que el legislador pueda negarse ante un ofrecimiento directo del propio Presidente.
Una vez aprobado el proyecto, la intervención tendrá un plazo de 180 días, aunque es posible que se prorrogue por un lapso similar, y abarcará a los tres poderes provinciales. En ese lapso, el interventor deberá convocar a elecciones para “normalizar los poderes constitucionales” de la provincia. Esto significa que la gobernadora Nina –como la llaman adeptos y opositores– cesará en sus funciones así como los legisladores provinciales y los jueces serán puestos en comisión. El nombre del interventor todavía permanece en la nebulosa. Anoche ni el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ni el ministro del Interior, Aníbal Fernández accedieron a identificar al representante del gobierno central. “Se definirá una vez que sea aprobado el proyecto de intervención”, dijo con tono misterioso el jefe de los ministros. Ambos ministros anunciaron la decisión presidencial, junto a José María Díaz Bancalari, presidente de la bancada justicialista en Diputados, quien también estuvo presente cuando Néstor Kirchner firmó el decreto.
Sin embargo, y más allá de rumores sobre posibles aspirantes, el único que recibió un ofrecimiento fue Falú, el presidente de la Comisión de Juicio Político. El tucumano se negó argumentando que quedaría trunca la intención de transformar la Justicia y que se lleva adelante desde la comisión que preside. Los emisarios presidenciales consideraron atendibles las razones del legislador. Todo puede cambiar si es el Presidente quien convoca a Falú. Algo que se definirá en las próximas 48 horas.
El jefe de Gabinete aseguró que la decisión adoptada es “un remedio de excepción y fue la última instancia porque la coyuntura demostró que no se puede esperar una solución” por parte de las autoridades de aquella provincia. Los argumentos de la decisión fueron explicados por el ministro del Interior. Sostuvo que fue fundamental la investigación que llevaron adelante los funcionarios del Ministerio de Justicia en aquella provincia y que dan cuenta de la serie de irregularidades que se vienen sucediendo a través del tiempo. “Con todos los elementos a la mano, sin ningún tipo de subjetividades, hemos llegado a este proyecto que llegará al Congreso acompañado de 13 cajas con la documentación que avalan nuestra determinación”, dijo el titular de la cartera de Interior.
Buena parte de esa información, se preocupó en resaltar el ministro Fernández, ya está en manos de los legisladores. En octubre del año pasado los funcionarios de Justicia, Eduardo Luis Duhalde y Pablo Lanusse, entregaron a la Cámara baja un extenso informe con la información recabada por ellos. El informe está mencionado en forma explícita en el proyecto e incluso se lo menciona como un factor determinante. Sin embargo, nadie en el oficialismo se atrevió a proponer un debate hacia el interior del bloque para definir si se avanzaba o no en una intervención. El argumento siempre fue el mismo: “Actuaremos si el Ejecutivo así lo dispone”.
Esta y no otra fue la razón por la que ayer el titular del bloque justicialista de senadores, Miguel Pichetto confió a este diario que”vamos a poner todo nuestro empeño para que el mismo miércoles podamos decidir el proyecto de intervención en ambas cámaras”. El rionegrino también aseguró que conversaría con sus pares de otras bancadas para lograr que algunos integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta presencien el debate de la Comisión de Diputados.
“La intervención se aprueba sin mayores conflictos, no tenga duda”, se arriesgó ante Página/12 un reconocido legislador del oficialismo. Por lo pronto la UCR ya hizo público su apoyo a la medida “siempre que en no más de 180 días los santiagueños elijan nuevas autoridades” (ver aparte).
“La intervención no debe ser funcional a la interna del PJ”, señaló el diputado Jorge Rivas. El socialista recordó que “hace casi seis meses reclamamos la medida que el Ejecutivo se apresta a proponer hoy, cuando en Santiago del Estero el agua ya ha llegado al cuello, pero entonces tropezamos con la negativa de los diputados del oficialismo, que frustraron la iniciativa”. En la misma línea opinó el titular del bloque del ARI, Eduardo Macaluse. “Sobran los motivos pero la decisión no puede estar teñida de la interna del PJ”, sostuvo el bonaerense.