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Por Horacio Cecchi y Raúl Kollmann

La primera evidencia del caso Blumberg es el estado de esquizofrenia imperante. El ministro de Seguridad Raúl Rivara aseguraba anoche que había dos nuevos detenidos en el caso (ya son cuatro) y sostenía que la investigación era eficiente, mientras su viceministro Diego Gorgal renunciaba, el padre de la víctima sostenía en el Congreso que el fiscal Jorge Sica es “un psicópata” y el camarista Fernando Maroto aportaba al gobierno nacional los datos de un suboficial de la DDI de San Isidro sospechado de haber participado en el secuestro. Para colmo, trascendieron sospechas sobre un comisario de la Bonaerense, aunque Rivara desmintió la participación policial sin descartarlo. Según los investigadores, uno de los dos nuevos acusados ofreció vender el Volkswagen Passat al reducidor Jorge Sagorsky, ya detenido porque sostienen que desde un celular a su nombre se negoció el rescate de Axel.
Alrededor de las nueve de la noche, Rivara aseguró que ya eran cuatro los detenidos y sostuvo que la investigación que lleva adelante el fiscal Sica “es eficiente”, pese a que el gobierno nacional ya tiene decidido separarlo del caso, tal como informó ayer en exclusiva este diario. Rivara no dio más detalles pero aseguró que “ninguno de los detenidos es policía y no hay indicios de que (en el caso) los haya”, aunque no descartó que más adelante pudiera haber involucrados de alguna fuerza de seguridad.
Hasta ayer eran dos los detenidos: Jorge Sagorsky, reducidor de autos vinculado con los federales, y Gustavo “El Lolo” Arroyo, que rondaba por la zona donde se pagaría el rescate y tenía rastros de pólvora en sus manos. Una fuente directamente ligada al caso reveló a Página/12 las identidades de los nuevos acusados: Pablo Díaz, acusado de llamar a Sagorsky para ofrecerle el Passat por dos mil pesos. El otro es Julio César González, de quien no trascendieron más detalles. Existen además otros dos pedidos de captura.
Por su parte, Maroto recibió un llamado anónimo que aportaba datos sobre la participación policial en el secuestro de Alex. El informante proporcionó al juez los datos de un suboficial de la DDI de San Isidro y la patente de un Ford Escort propiedad del suegro del suboficial, que habría sido utilizado en el secuestro de Axel. “No me pregunte más, doctor, sabe el riesgo que corro”, dijo la voz, que no se identificó. Maroto interpretó que la fuente es miembro de la DDI de San Isidro.
La denuncia agrega más sospechas a la vinculación policial en el secuestro y posterior asesinato de Axel, sospechas ya desatadas tras la intervención policial que derivó en un tiroteo con los secuestradores. Según adelantó ayer Página/12, una hipótesis muy fuerte es que la intervención policial fue un desastre provocado para abortar el rescate.
Pero Maroto no trasladó los datos al fiscal federal Jorge Sica, a cargo del caso, sino que los entregó al ministro de Justicia Gustavo Beliz. “No creo que Sica investigue a la policía”, dijo Maroto a este diario.
Al mismo tiempo, trascendió que existen sospechas sobre un comisario provincial. El Volkswagen Passat blindado desde el que se mantuvo el tiroteo con la policía apareció incendiado a pocos metros de la puerta de su casa. Aunque no haya pruebas contundentes, la investigación indica que se trabaja sobre la hipótesis de la vinculación policial de la banda.
Entretanto, Juan Blumberg, padre del joven asesinado, se presentó ante la Comisión de Legislación Penal de Diputados. La diputada Mirta Pérez, de la línea Patti, se contactó con Blumberg y lo invitó a la comisión. La idea era obvia. Colgarse del discurso del padre para abrir espacio al almíbar del manodurismo: el endurecimiento de las penas. Además de Pérez, en el recinto se encontraban Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas, quienes no perdieron la oportunidad para subrayar el costado dramático del caso como si fuera un melodrama.
Pero cuando habló Blumberg no se refirió a aquello que esperaban quienes lo habían invitado. Sobre las leyes sólo dijo que “ustedes tienen que ser severos con las penas, severos y justos”, dijo el padre de la víctima para sorpresa de algunos. Y luego pasó a detallar horrorizado la corrupción policial, la aberración de las negociaciones, el apañamiento político, la falta de preparación de los uniformados y la actuación del fiscal como un Rambo, cuestiones que de ninguna manera parecieran poder corregirse con el agravamiento de las condenas.