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Ni Domingo Cavallo ni el resto de los funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa, empezando por el mismo ex presidente, podrían alegar ignorancia sobre el elástico régimen de declaraciones de venta que llevaría a la fabulosa elusión de impuestos. El propio Cavallo recibió el aviso de un experto, antiguo número uno de una gran empresa exportadora. El empresario, cuyo nombre se mantiene por ahora en reserva, explicó al gobierno anterior la situación que se creaba con la ley 21.453 y qué fácil sería burlar las normas y el corralito si el Ejecutivo no actuaba de inmediato. De las reuniones participó el entonces secretario de Agricultura, el cavallista Marcelo Regúnaga, quien sin duda conocía bien el régimen legal. Bajo su gestión anterior, en 1992, también con Cavallo ministro pero con Carlos Menem presidente, el Gobierno disolvió la Junta Nacional de Granos, donde Regúnaga había trabajado como gerente encargado de administrar el régimen de declaraciones de exportación, registrarlas, fijar precios mínimos de exportación y cerrar los registros. Fue Regúnaga el que a pedido del lobby exportador creó el insólito sistema de mantener la ley como “optativa”.