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Los banqueros extranjeros deberán buscar nuevas excusas para no presentarse ante la Justicia argentina. Ayer, la Cámara del Crimen resolvió que “no es apelable” el llamado a indagatoria dispuesto por el juez de instrucción Mariano Bergés contra la española Ana Botín, presidenta del Banco Río, en la causa en la que investiga presuntas defraudaciones de entidades financieras durante la vigencia del corralito. De acuerdo a la disposición de la Cámara del Crimen, al resolver un recurso de queja presentado por los abogados de Botín, confirmó que la empresaria deberá comparecer ante Bergés. Botín reside en España, donde tiene su sede el Grupo Santander, propietario del Río. Por esta causa, Bergés ya indagó al vicepresidente de la entidad, José Luis Cristofani. Ahora el juez fijará una nueva fecha para indagar a Botín y, en caso de que la empresaria española no se presente, podría incluso pedir su captura internacional. Las citaciones de Bergés vienen generando enormes resistencias en el establishment financiero local y extranjero. Tanto es así que el FMI reclama la derogación de la ley de Subversión Económica, gracias a la cual Bergés puede investigar las presuntas maniobras delictivas realizadas por algunos bancos.