[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Algunos comentarios sobre que la visita a China era una especie de burbuja, a días de vuelo de la Argentina y a muchas horas de la crisis desatada por los piqueteros, el asesinato de la Boca y la difusión de la idea de una Argentina anárquica, irrittaron a uno de los ministros de la comitiva.
–Cuando hablamos de política nos critican porque hablamos de política, pero buscar mercados es mejorar la situación del empleo, y no habrá solución del problema piquetero sin resolver la desocupación en la Argentina.
De todas maneras, el Presidente no quiso romper su norma de los últimos tres días: no opinó sobre las críticas lanzadas por dirigentes de oposición y algunos medios (el Gobierno suele referirse con nombre y apellido al papel de la conducción editorial de La Nación), mientras Kirchner recibe información on line de la situación argentina.
“No les voy a dar el gusto, no voy a arruinar un viaje de trabajo importante para el país y planificado desde hace un año siguiendo la idea de que no hay gobierno en medio de los problemas cuando el Gobierno sigue funcionando”, dijo ayer Kirchner a uno de sus secretarios de Estado.
La atención del Presidente es triple, según pudo establecer este diario.
Por un lado, la seguridad de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires durante esta semana que lo encuentra fuera del país, porque además la falla en el tanque de repuesto del Tango-01 impone un regreso de avión lechero con paradas en Guam, Tahití e isla de Pascua. Aunque resolvió no agregar dramatismo a la crisis de los últimos días, dio instrucciones para recibir información detallada que permita separar la mala suerte de cualquier maniobra intencional. “Un dirigente social ligado a los piqueteros fusilado justo un día antes de los dos años del asesinato de Kosteki y Santillán da para pensar”, repitió estos días Kirchner a sus colaboradores.
Por otro, la puja ante la opinión pública. En este caso, el Gobierno confía en que la presentación a su juicio exagerada del problema piquetero dejará a sus autores no más cerca de los ciudadanos sino más lejos de ellos. Eso, estima, a corto plazo podría beneficiarlo, sobre todo si el próximo punto de la agenda pública es la presentación de un plan masivo de viviendas.
Y en tercer lugar la homogeneización del discurso del Gobierno. Un caso fue el del ministro de Defensa, José Pampuro, que confusamente aludió a violencia dentro del país como un proceso en ascenso. Otro, el de Roberto Lavagna, ministro de Economía, que criticó ante el Financial Times el proceso de administración de Justicia en la Argentina.
La decisión oficial de fondo sigue siendo no reprimir el movimiento piquetero, aunque sí dar vía libre para que la Justicia actúe en los casos de mayor violencia.
“Kirchner no ignora que puede haber movimientos por detrás de lo que se ve, eso que él mismo define como intentos de inviabilización del Gobierno, pero no quiere centrarse en las zonas oscuras del conflicto”, dijo un funcionario a Página/12. “A pesar de lo que se dice, el centro de la atención presidencial nunca estuvo puesto en un complot al que nunca se le dio existencia, aunque sí se prestara atención a cruces públicos y privados como el de Enrique Nosiglia con Vicente Massot, Raúl García y Daniel Raimundes, tal como quedó reflejado en la cena de Patricios donde irrumpió Pampuro”, siguió explicando.
El Presidente sigue confiando, según sus colaboradores, en la relación directa con los ciudadanos, lo que se traduce en una imagen aún alta en términos de popularidad en el primer año de gestión, y en que en lugar de obstruir esa relación la crítica de una parte de la clase política sirva para reforzarlo como un político distinto. Es una apuesta fuerte en un país que a veces se parece a la tevé basura y exaspera temas sin analizarlos.
Un ejemplo: México perdió inversiones extranjeras cuando su economía se achicó y no por los graves ataques a la propiedad que supone una ola de secuestros que dejó 160 muertos en los últimos años.
Otro: cuando no había piqueteros ocupando ningún McDonald’s, fue la recesión espantosa que comenzó en 1998 la que frenó la llegada de capitales y precipitó la fuga.
Otro más: por primera vez en democracia, salvo la aislada experiencia de la reforma de León Arslanian en 1998, una gestión política se propone cambiar las fuerzas de seguridad. En el caso de la Bonaerense, disolviéndola de hecho mientras refuerza el control interno. En el caso de la Policía Federal, reformando la cúpula en busca de una verticalización.
Una verticalización que, eso sí, el jefe de la Policía Federal, Héctor Prados, acaba de desafiar con sus declaraciones publicadas el domingo en La Nación cuando, mientras Kirchner se mantenía callado, aludió a que “la violencia produce más violencia”.
El riesgo, en términos del debate público, es que la reforma que recién comienza quede opacada por la idea falsa de que el Gobierno quiere destruir a sus propias fuerzas de seguridad y reemplazarlas por fuerzas propias al estilo de comienzos de los años ‘70. Un dato no cerraría con esa hipótesis: los enfrentamientos de piqueteros con la policía nunca terminaron con un disparo hacia las fuerzas del orden. Aun el uso a veces exasperante de capuchas y palos no suele convertir a los piqueteros, ni siquiera a los más duros como los del Polo Obrero o a los más erráticos como los de Raúl Castells, en una milicia que opera en uno u otro sentido. Es fácil conjeturar cómo se presentará la discusión si el Gobierno no consigue racionalizarla. Crecerá la comparación con 1973-1976, absurda justamente porque en ese momento el Estado creó una fuerza clandestina de represión desde el propio Estado, la Triple A, y la idea de que el Gobierno no frena el presunto despojo de la propiedad.
En este panorama, algo es seguro. Aunque allegados al Presidente insistieron en que el dirigente piquetero oficialista Luis D’Elía recibió la seguridad de que el Gobierno piensa que su intervención contuvo un peligro mayor en la comisaría 24ª de la Boca, también tiene ya la certeza de que el episodio no puede repetirse. Si llegara a pasar, el Gobierno terminaría pagando el costo de que la respuesta a un asesinato es la acción directa del grupo más afín al propio oficialismo. Con lo cual quedaría completado el círculo vicioso: si el Estado no puede garantizar el monopolio de la fuerza incluso respecto de sus amigos, estamos en problemas, Houston.
La otra seguridad es que el Presidente no quiere demostrar que ese monopolio existe matando ciudadanos en medio de una protesta pública.
“Así se pagan costos, pero peor costo, en términos políticos y sobre todo humanos, es que el Gobierno cargue con muertos y se agudice el conflicto”, dijo un funcionario desde esta Beijing donde, en pocas horas más, Kirchner entrará en la Ciudad Prohibida y adonde en estos días se trasladó la capital argentina.