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En lo que a pruebas concretas se refiere, el caso de Diego Lucena sigue tan confuso como lo era en un principio. Pero en la causa se registraron movimientos: ayer, el fiscal del caso, Gustavo Banco, ordenó el secuestro del libro de novedades de la comisaría de San Carlos. Y el fiscal general de La Matanza, Alberto Cano, apartó a la policía de la investigación y pidió el apoyo de la Policía Judicial de la Procuración General de la Suprema Corte. El propio Cano subrayó que la fiscalía no tiene una postura contraria a la hipótesis familiar que sostiene el crimen por mano policial. También reconoció el derecho de la sociedad a peticionar a las autoridades, pero hizo hincapié en que “dicho derecho debe ser ejercido a través del diálogo y la conciliación”. No era para menos: los familiares de Diego organizaron para hoy a las 11 una marcha, esta vez frente a la fiscalía. La última marcha, el jueves pasado, terminó con un patrullero calcinado.
Ayer, el fiscal general Alberto Cano distribuyó un comunicado de prensa cuya motivación estaba explícita ya en la primera línea: “Visto y considerando –sostiene el comunicado– la repercusión pública de los hechos que dieran origen a la IPP 222.299...”. El expediente corresponde a la investigación por el crimen de Diego Lucena. A continuación, enumera una serie de medidas dispuestas en relación al caso. Una es la orden de relevar de la investigación a la policía. La otra, convocar en su lugar a la Policía Judicial de la Procuración, un organismo conformado por abogados especializados. Además, la fiscalía general aportó tres fiscales adjuntos y un funcionario propio, para trabajar junto al titular de la causa, Gustavo Banco.
En otras circunstancias, las decisiones de Cano podrían volcarse en los titulares periodísticos al modo de “giro en el caso Lucena” o “apartan a la policía”, con la inocultable idea de que tales decisiones fueron motivadas por profundas sospechas sobre la participación policial. Pero el resto del comunicado parece desmentirlo: Cano niega que la fiscalía haya “adoptado postura alguna en contra” de la hipótesis familiar que acusa a la policía. Aclara la intención de “profundizar la investigación” de esa hipótesis. Recuerda que ante la marcha convocada para hoy mismo, las puertas de la fiscalía general “están abiertas para al diálogo, recepcionar inquietudes y/o datos o declaraciones testimoniales que resulten relevantes para la pesquisa”. También reconoce el derecho a peticionar a las autoridades pero “a través del diálogo y la conciliación”. El comunicado, el relevo policial y su reemplazo por la Judicial tuvieron lugar apenas se difundió la organización de la marcha frente a la fiscalía.
Respecto al caso en sí, el fiscal Gustavo Banco tomó declaración a nuevos testigos. De acuerdo con fuentes judiciales, todas las declaraciones parecerían volcar a favor de la hipótesis de que Diego Lucena fue asesinado por una patota de cinco o seis integrantes. Además, sostienen que no hay informe policial que haga mención a ningún desplazamiento de camionetas en la zona.
Ayer, Banco dijo a este diario que “por el momento no tengo nada que acredite la participación policial directa. A lo sumo, por ahora podría analizarse si tuvieron responsabilidad en la muerte de Lucena por omisión o incumplimiento de sus funciones”. Desde la familia aseguran todo lo contrario e insisten que Diego fue asesinado por la policía. “Sí, para nosotros fue una patota –aseguró a Página/12 Roberto, uno de los hermanos de Diego–. Fue la patota policial”, agregó antes de dar tiempo a la sorpresa.