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Los apropiadores de un hijo de desaparecidos y nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Rosa Roisinblit seguirán procesados con prisión preventiva, según otro fallo que firmó la Corte Suprema, abocada ayer a los derechos humanos. Se trata de Francisco Gómez, ex integrante de un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, y su ex mujer Teodora Jofré, acusados por la sustracción, el ocultamiento y retención de un menor nacido en cautiverio en 1978, además de la falsificación de documentos.
El alto tribunal rechazó un recurso extraordinario que había presentado la pareja cuestionando un fallo de la Sala II de la Cámara Federal que en 2001 dispuso que ambos debían seguir presos. En esa oportunidad, además, se le trabó un embargo de 200 mil pesos a Gómez y uno algo menor a Jofré. La decisión de la Corte fue firmada por Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Elena Highton de Nolasco. Votaron en disidencia Augusto Belluscio, Adolfo Vázquez y Eugenio Zaffaroni.
Cuando declararon ante la jueza María Romilda Servini de Cubría, tanto Gómez como su ex mujer reconocieron haber recibido a un chico de manos del fallecido comodoro Roberto Oscar Sende y lo inscribieron como Guillermo Francisco Gómez. Los estudios de ADN ratificaron después que el joven es en realidad Rodolfo Fernando, hijo de Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo.
José fue secuestrado en un comercio de Martínez el 6 de octubre de 1978. El mismo día, los represores se llevaron a su mujer, Patricia, que estaba embarazada de ocho meses. La hija mayor del matrimonio, Mariana, que entonces tenía 15 meses, fue entregada a la familia paterna.
En 1981, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se contactó en Ginebra con ex detenidas de la ESMA que tenían datos sobre partos clandestinos en aquel centro de detención. Con sus testimonios pudo reconstruir que su hija Patricia había dado a luz el 15 de noviembre de 1978, asistida por el médico Jorge Luis Magnacco. Ante la Justicia, además, otro médico, Pedro Canela, reconoció que expidió un acta de nacimiento falsa a pedido de Sende, Gómez y un jefe de su unidad.
En abril de 2000 un llamado anónimo a la sede de Abuelas se refirió a la participación de Gómez en un grupo de tareas de la Fuerza Aérea y en los vuelos de la muerte. Advertía que su supuesto hijo no era biológico sino apropiado de una mujer a quien habían secuestrado y matado. Quien recibió aquella denuncia en el teléfono fue Mariana, la otra hija del matrimonio desaparecido, que trabaja en el área de investigación del organismo. Ella se contactó con el chico, quien aceptó el estudio genético que ratificó su verdadera identidad.
La Corte dejó en firme el fallo de los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, que en su momento señalaron que la pareja apropiadora tenía pleno conocimiento de “la ilegalidad de sus actos” y que “es poco creíble” que no lo tuvieran. “Está fuera de discusión”, señalaron también, que el chico había sido apropiado ilegalmente. Aunque el fallo de la Corte no vuelve a profundizar en los pormenores del caso, aparece como otro gesto del tribunal para despejar el juzgamiento de todas las violaciones a los derechos humanos en la dictadura.