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Francia celebró ayer los 30 años de la adopción de la ley que, al cabo de un laborioso combate, legalizó el aborto. El 29 de septiembre de 1974, luego de tres días de ásperos cruces, el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVG) presentado por la entonces ministra de Salud, la conservadora Simone Weil, fue aprobado definitivamente. Con él se colmaba una de las aspiraciones más fuertes de las luchas femeninas y se completaba el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo esbozado en 1967 mediante la ley Neuwwieth, que legalizó en el país la contracepción. La ley de Simone Weil instrumentó el famoso slogan francés “un hijo si yo quiero y cuando quiero”. Aunque frágil al principio, el texto de ley tardó cinco años en aplicarse plenamente.
Desde ayer, la Seguridad Social paga los fármacos que permiten la interrupción voluntaria del embarazo, sin necesidad de asistencia hospitalaria, gracias a un decreto que establece el reembolso del importe de los medicamentos que permiten abortar durante las cinco primeras semanas de gestación. A partir de ahora, los ginecólogos y médicos de familia podrán recetar a las embarazadas que lo soliciten un comprimido de “Mifegyne” –la antigua RU486 conocida como “la píldora abortiva”– para interrumpir la gestación.
Treinta años después de su legalización, los obstáculos al aborto legal no han desaparecido del todo, al tiempo que aparecieron otras formas de contracepción que el Estado francés integró, dándoles incluso un estatuto especial. Tal es el caso de la polémica píldora “del día después”. Aparecida en 1999, la píldora del día después, también llamada Norlevo, está regida por una serie de disposiciones, que con el transcurso de los años la tornaron más accesible. La píldora es reembolsada por el seguro social francés, puede comprarse sin receta y se les entrega gratuitamente a los menores que lo solicitan de acuerdo con una circular administrativa aparecida en 2002. El dispositivo que acompaña la circulación de la píldora tiende a evitar lo más posible el recurso al aborto. Sin embargo, los especialistas admiten que, cinco años después de haber sido puesta en circulación, “la píldora sigue estando subempleada”, según constata Elisabeth Aubény, presidenta de la asociación francesa de ginecología. Desde su aparición en 1999 se vendieron cinco millones de cajas y los farmacéuticos notaron un incremento lento de su consumo que se sitúa alrededor de un 10 por ciento suplementario cada año.
A partir de 2004, el Norlevo cambiará su forma de presentación. En vez de dos comprimidos habrá uno sólo, a fin de facilitar su utilización y corregir los defectos posibles de la contracepción, olvido y preservativo defectuoso. Según cifras oficiales, una tercera parte de esos “accidentes” acarrea la práctica del IVG, la interrupción voluntaria del embarazo. La investigadora francesa Nathalie Bajos señala que dos terceras partes de los embarazos no previstos se producen en mujeres que ya utilizan un contraceptivo. En este contexto, las últimas medidas que tienden a masificar el recurso del Norlevo apuntan a que las mujeres dispongan también de un tratamiento contraceptivo de urgencia disponible en sus casas. Los especialistas coinciden en adelantar que, tomada 12 horas después de una relación sexual, la píldora es eficaz en un 95 por ciento.
Cifras oficiales del Ministerio francés de Salud indican que 10 mil es el numero de adolescentes (entre 15 y 18 años), que quedan embarazadas cada año. De esas diez mil y antes de las medidas que facilitaron la circulación de la píldora, 6700 adolescentes recurrían al aborto legal. Esas cifras explican por qué, a partir del año 2000, los sucesivos gobiernos franceses hicieron todo lo previsto para poner al alcance de las adolescentes los elementos contraceptivos más eficaces posibles. Las tres decisiones más importantes que facilitan la contracepción de urgencia son la que suprime la obligatoriedad del consentimiento de los padres en caso de prescripción, la que establece el carácter gratuito de su consumo y la que permite el acceso libre a los menores mediante la adquisición “libre y gratuita” de la píldora.