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El jefe del Gobierno porteño está convencido de que en 90 días podría realizarse la compulsa “obligatoria y vinculante” que anunció ayer. El mecanismo conocido como de “revocación de mandato” está previsto por el artículo 67 de la Constitución de la Ciudad. Es una herramienta prevista para que los ciudadanos –y no un miembro del Ejecutivo– inicien una suerte de juicio popular y directo sobre cualquier funcionario público, incluido el jefe de Gobierno. Es el Tribunal Superior de Justicia porteño quien debe evaluarlo y convocar a un referéndum popular. El caso de Aníbal Ibarra es insólito no sólo por lo inédito sino porque quien lo pide no son “los ciudadanos” sino un funcionario público.
El artículo 67 es claro: “El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su desempeño”. Para hacerlo, deben impulsar una iniciativa con la “firma del veinte por ciento de los inscriptos en el padrón electoral de la ciudad”. En este caso, serían entre 400 y 500 mil firmas las necesarias de acuerdo al padrón, según las especulaciones que se escucharon ayer en la jefatura del gobierno porteño.
En condiciones normales, el Tribunal Superior de Justicia es quien recibe las firmas y las argumentaciones de un eventual pedido de revocación de mandato. De allí en adelante, según la Constitución, “debe convocar a un referéndum de revocación dentro de los 90 días de presentada la petición”. La participación en la compulsa es “obligatoria y tiene efecto vinculante”.
Como la propuesta de Ibarra no partió de un ciudadano común, las cosas se complican. De acuerdo a lo que adelantó ayer sospecha que presentándose de motu proprio, el Tribunal puede convocar al referéndum sin las firmas. “No sólo quiero sino que pido reemplazar la recolección de firmas por la decisión del jefe de Gobierno”, dijo. Hoy iniciará los trámites. Pero los jueces pueden no aceptarlo. “Si eso sucede –se comprometió– me voy a poner a la cabeza de la recolección de firmas”. Para eso ayer convocó a sumar esfuerzos a “las organizaciones sociales y a los organismos de derechos humanos que denunciaron el plan de inestabilidad institucional”.