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Pablo Blanco –padre de Lautaro, de 13 años, muerto en el incendio del 30 de diciembre, y de Maylin, de 16, herida–, dijo que “es prematuro abrir un juicio” sobre el anuncio, aunque afirmó que una consulta “no modifica nada”. “Nosotros no pedimos la renuncia de Ibarra en ningún momento, no nos expedimos por cuestiones políticas. Cada familiar, cada afectado, tiene la libertad de elegir lo que quiera. Somos padres que piden justicia”, dijo Blanco, que integra la organización no gubernamental Familiares por la Vida. “Que Ibarra colabore con la Justicia, que ponga a disposición los datos que tiene y señale a los responsables” de su gobierno, pidió, y agregó que si se concreta la consulta popular “cada uno tendrá su posición individual sobre qué votar, pero no modifica en nada el reclamo: cada día seguiremos pidiendo más justicia”.
Por su parte, el abogado Fabián Bergenfeld, representante de familiares de víctimas, manifestó que el anuncio de Ibarra denota “una clara toma de conciencia de que el clamor popular le exige allanarse al pedido de referéndum” presentado la semana pasada por tres entidades. Para Bergenfeld –el abogado que pidió a la Justicia (y logró) la inhibición de los bienes personales de Ibarra–, el jefe de Gobierno “percibe que no le queda ninguna otra alternativa”.