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El ombudsman porteño adjunto Atilio Alimena prestó ayer testimonio ante la jueza María Angélica Crotto en torno a la investigación por la tragedia de Cromañón. Alimena había sido citado por el informe que había presentado en 2004, en el que señalaba las serias deficiencias en el control y en la seguridad de los locales bailables en la ciudad. La citación del ombudsman adjunto parece abrir el capítulo judicial sobre las responsabilidades de funcionarios. Alimena ratificó ante la jueza cuanto había señalado en su informe. Y más aún, sostuvo que el gobierno porteño estaba al tanto de las irregularidades que la Defensoría porteña había encontrado durante su investigación. El funcionario señaló a Página/12 que “en enero de 2004 empezamos con pedidos de informes a los bomberos y al gobierno de la ciudad. A medida que íbamos encontrando irregularidades las informábamos a las autoridades. El 5 de mayo de 2004, mediante la resolución 631, solicité al gobierno como ombudsman adjunto para que se realizaran los controles que, según iba surgiendo, no se hacían”. Alimena declaró ante la jueza que el gobierno estaba enterado y que el 15 de noviembre respondió a una nota del ombudsman del mes de agosto, informando que 95 locales habían sido clausurados sobre un total de 108. Alimena dijo a este diario que “las cifras que nos daban no coincidían con las de bomberos. Hoy en día, nadie sabe cuántos locales hay en funcionamiento”.