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La mirada del Gobierno sobre el conflicto de los subtes difiere de la que tenía a fin del año pasado, al iniciarse la puja. Sin encolumnarse detrás de la concesionaria, en la Rosada consideran desmedida la demanda de los trabajadores de un aumento del 53 por ciento. Y sigilosamente dejan saber su molestia por la “nacionalización” de un conflicto en cuya primera instancia –consideran– debería haber actuado el gobierno porteño. Esa lectura se desprende del comunicado difundido ayer por el Ministerio de Trabajo. Paradójicamente, esa misma lectura realiza la Unión Tranviarios Automotor, el gremio que en las formas representa a los trabajadores pero que en los hechos está bien alejado de sus propios delegados.