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Gil Lavedra, ex ministro de Justicia: “La norma aisladamente debe ser considerada correcta. Sin duda trae un avance. Fundamentalmente en torno a la ‘secuela de juicio’, existente desde 1949. Pero hay que hacer algunas observaciones. Me parece que la sanción de la ley no tuvo la difusión ni la discusión adecuadas para una sociedad harta de la impunidad que, de esta forma, es proclive a que se vean estos hechos con mayor suspicacia. Al mismo tiempo, respecto de las consecuencias nocivas, el problema está en que hay muchos expedientes que se han tratado con muchas dilaciones. Pero esto también hace al sistema de enjuiciamiento, que justamente favorece dicha dilación. Es un tema muy complejo que involucra diversas cuestiones. El Congreso ha deformado el Código Penal, sobre todo luego de lo de Blumberg”.

Roberto Bugallo, constitucionalista: “Me parece valiosa la cuestión de evitar que se mantengan abiertas causas por años. Pero hay una cosa que no puede escapar, que es el concepto social de la necesidad de eliminar la impunidad. En los delitos que involucran a funcionarios públicos está la base de la corrupción. Que quede un delincuente libre porque a los fiscales se les pasaron los plazos no es bueno. Pero es peor cuando el caso es emblemático. Los daños en la credibilidad pública: es en eso donde hay que centrar la atención. Además es un remiendo. El Poder Legislativo había resuelto centralizar todos los proyectos sobre el Código Penal y hacer una reforma profunda, siguiendo una arquitectura. Si bien la norma se inscribe en un criterio común, más garantista, el Código pide a gritos un estudio y una coherencia interna que eviten que sigan apareciendo los ‘efectos Blumberg’ donde los legisladores terminan sancionando cualquier cosa. En tercer lugar, hace recaer toda la actividad en los fiscales que tienen la obligación de acusar, ya que la norma ahora plantea como excepción la declaración indagatoria”.

León Arslanian, ministro de Seguridad bonaerense: “El sentido de la oportunidad no ha sido el mejor. Nosotros tenemos el problema de la delincuencia compleja contra la que, incluso, hemos aumentado las penas. Esto es sincrónico, por llamarlo de algún modo. Pero también sería injusto decir que es una medida infeliz. Al contrario, le diría que viene a poner bastante orden en una situación compleja: ¿cómo se computa la prescripción? Y utiliza un criterio que yo diría que es universal. Esta ley debió haber merecido un tratamiento distinto. Por lo menos un alto grado de publicidad que posibilitara la discusión, tanto a nivel académico como de los operadores judiciales. Yo creo que lo que habría que hacer ahora, y seguramente es a lo que queda obligado el Congreso y toda la autoridad política, es mejorar el funcionamiento del aparato judicial para que el tiempo no haga que las causas prescriban”.
Eduardo Freiler, camarista federal: “No teníamos ningún tipo de conocimiento de este proyecto ni de su tratamiento en ninguna de las Cámaras, y esto es lo que nos ha llamado mucho la atención. Porque una reforma de esta importancia suponemos que debería haberse tratado o consultado a más personas del quehacer jurídico. En general ésta es la práctica (legislativa) que nos estamos acostumbrando a ver: que sobre finales de año salgan tantas leyes. Yo creo que la respuesta que se debe dar es manosear un poco menos el Código Penal y dejar que trabajen, por ejemplo, la comisión creada por el Ministerio de Justicia convocada para la reforma. Este tipo de reformas parciales al compás de las urgencias sociales terminan manchando el Código y lo hacen, no digo inaplicable, pero sí por lo menos una cuestión que es bastante difícil que solucione esta expectativa de justicia que tiene la sociedad”.

Elías Neumann, criminólogo y penalista: “Actualmente no hay una política criminal. Es un problema muy serio. La política criminal es importante porque implica la seguridad del Estado, la prevención del delito, la represión, en su caso, y nada de eso se cumple. Esto tiene un tufillo a solucionar ‘algunos temas’. Además la impresión que da la norma es que a la cárcel sólo llegan los delincuentes fracasados”.
Gregorio Badeni, constitucionalista: “La reforma permite aclarar el concepto de ‘secuela de juicio’ que opera como factor de interrupción de la prescripción. Era un concepto antiguo que generó distintas interpretaciones por parte de los tribunales penales y la lesión de las garantías constitucionales. Lo que ha hecho la reforma es determinar, definir, en qué caso se puede aplicar la secuela de juicio. Alguna información periodística planteó que la modificación estaría destinada a beneficiar a los funcionarios. Pero dicha información es inexacta, ya que se mantiene la interrupción de la prescripción para los funcionarios mientras ejercen el cargo. Y para aquellos que no están en sus funciones no hay modificación, ya que la prescripción operaba desde antes. Tampoco podemos criticarla por ser un parche. Las reformas generales han sido mucho peores. No acorta los plazos de prescripción y es positivo porque brinda seguridad jurídica”.

Gabriel Cavallo, camarista federal: “Se van a caer más de la mitad de las causas judiciales. Esta es una decisión de política criminal del Estado que decidió terminar con las causas criminales en curso. Es mentira lo que se dice, que los jueces tienen la responsabilidad en los tiempos que duran los procesos judiciales. Es falso que para terminar con el flagelo de que las causas duran un montón, tienen la responsabilidad los jueces por sentarse arriba de las causas”.