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El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, insistió ayer en rechazar el fallo de la Cámara del Crimen, pero además salió a defender el “derecho (del Ejecutivo) de criticar actos de gobierno de otros poderes”. Dijo que la sentencia que otorgó la excarcelación a Omar Chabán “no transmite sensación de justicia”. Según el funcionario, en este expediente, los camaristas “han extremado un dogma doctrinario y no han tenido en cuenta las condiciones particulares de este caso”.
Fernández rechazó que con su postura el Gobierno esté entrometiéndose en el Poder Judicial, que por definición debería ser independiente de otros poderes. Y argumentó que “los fallos, técnicamente, no son otra cosa que actos de gobierno dentro del Poder Judicial y los actos de gobierno son susceptibles de crítica, tanto los del Poder Ejecutivo como los del Poder Judicial”. Por esta razón, “nos cabe el derecho de criticar actos de gobierno de otros poderes”, sostuvo el jefe de Gabinete.
Sobre el fallo favorable a Chabán consideró que “acá no se trata de garantismo o no garantismo, que es la discusión que algunos intentan poner, sino de racionalidad en la aplicación de la ley. No es un problema doctrinario sino de racionalidad jurídica y me parece que esto es lo que no aparece en este fallo”. Por ello, opinó que “lo más tremendo de todo esto es que ahora la libertad de Chabán depende de Chabán”.
Para Fernández, “liberar a alguien sobre el que pesan 193 muertes y que ya alguna vez quiso fugarse me parece que no es una medida feliz. No parece una decisión justa y por eso la reacción de la gente es razonable”.
“Nadie puede pensar que esa evasión inicial (de Chabán) no pueda convertirse en una profugación actualmente”, planteó Fernández, quien recordó que el empresario procesado “inmediatamente después del hecho, escapó de la escena del crimen, no se quedó auxiliando a nadie y fue encontrado 24 horas después por fuerzas policiales escondido en un local”.
Por otro lado, Fernández confirmó que el Ejecutivo le pidió al procurador general de la Nación, Esteban Righi, que “ejerza la acción pública, que no quiere decir otra cosa que perseguir correctamente a quien corresponda” y, respecto al fallo, que “evalúe la posibilidad de promover acciones recursivas para que otro tribunal pueda revisar lo resuelto por la Cámara del Crimen” (ver aparte).
Según Fernández, “el Poder Ejecutivo tiene todo el derecho a hacer lo que está haciendo porque finalmente gobierna todo el país y debe atender el clima social que, en muchos casos, se generan con fallos de esta naturaleza”. Y remarcó que “respetamos la independencia de los poderes y las sentencias deben ser pacíficamente aceptadas, pero nos cabe absolutamente el derecho a cuestionar un fallo”, del mismo modo “que nosotros tomamos decisiones que son susceptibles de críticas de otros poderes”, subrayó.