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Los represores presos por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada no cambiarán sus lugares de detención, ya sean sus domicilios particulares o los cuarteles de la Marina. Organismos de derechos humanos habían reclamado que los acusados no permanecieran alojados en dependencias militares pero el juez Sergio Torres ratificó que está convencido de que “no debe exponerse por motivo alguno la integridad física y psíquica de aquellos que están sometidos al proceso”. Torres señaló que “iguales precauciones merece tomarse respecto de aquellos que hayan ejercido actividades de cierta relevancia o trascendencia pública no porque corresponda diferenciar a éstos de otras personas sometidas a la acción de la Justicia sino porque claramente y a la luz de la realidad penitenciaria debe evitarse la puesta en riesgo de sus garantías”. El juez sí consideró oportuno ordenar que el Estado Mayor General de la Armada deje de supervisar a quienes están bajo arresto domiciliario y que esta medida la realice el Patronato de Liberados, que deberá entregar cada quince días un informe sobre las condiciones de la detención. También dispuso que la guardia externa que vigile a estos represores quede a cargo de la Policía Federal.