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Roberto Lavagna sigue con atención la dinámica salarial. Le preocupa que la mejora del salario mínimo agudice las presiones de los empleados públicos para que se concedan reajustes en todas las escalas. Y que la Casa Rosada, en medio de la campaña electoral, habilite esos incrementos. En el equipo económico afirman que el ala política del Gobierno los aísla de las decisiones relevantes. En ese contexto, advierten sobre diversos peligros: que la puja salarial reavive la inflación y que un eventual aumento a los agentes del Estado achique el superávit fiscal. Justo cuando ese dinero es necesario para sostener el tipo de cambio.
Lavagna ya dejó en claro públicamente que en materia salarial se mueve de una manera más conservadora que el resto del Gobierno. En esa característica no rompe el molde de muchos de sus antecesores en el cargo. El ministro contuvo las discusiones hace un par de meses, cuando el rebrote inflacionario había invocado a los peores fantasmas. Y aunque el aumento del salario mínimo no significa un traslado generalizado, el temor es a que esa medida gatille una escalada.
En el Palacio de Hacienda perciben que ahora que se desaceleró la suba de los precios (la inflación de mayo replicaría el 0,5 por ciento del mes anterior), el ala política podría dar cabida a la “tentación” de continuar con los aumentos, empezando por los agentes públicos. Las dudas de Economía abarcan varios frentes:
- Inflación: Lavagna piensa que una suba generalizada de sueldos recrearía las expectativas inflacionarias y se recalentarían los precios.
- Situación fiscal: De acuerdo con las estimaciones oficiales, el superávit primario de este año (sin contar los pagos de la deuda) será inferior al de 2004. Se calcula que habrá 1000 millones de pesos menos, al pasar de 17.333 millones de pesos a 16.300 millones. Si se dieran aumentos de jubilaciones y salarios estatales, el descenso sería mucho más marcado.
En Economía afirman que necesitan un superávit robusto para sostener el tipo de cambio, que es uno de los objetivos centrales que comparten Lavagna y Néstor Kirchner. El dinero de la Tesorería fue fundamental para cumplir con el mandato presidencial y lo seguirá siendo, argumentan cerca del ministro. En mayo, el Banco Nación adquirió 428 millones de dólares en el mercado.
No es ése el único condicionante. “Tenemos metas fiscales muy exigentes, no hay espacio para subir las jubilaciones o a los empleados públicos”, sentenció la fuente consultada por Página/12. El argumento es que para este año se espera un fuerte incremento del gasto público. La enumeración esbozada por los funcionarios incluye una inversión estatal más alta, mayores giros a las provincias y un mayor costo de la crisis energética, sobre todo por el salto en el precio del petróleo: hace un año el barril estaba en 38 dólares y ahora, por arriba de los 50.
Por afuera del tema inflacionario y del fiscal, para Lavagna existe una tercera objeción a los aumentos salariales generalizados. Tiene que ver con que el ministro cree que el actual crecimiento económico se apoya excesivamente en el consumo. El ministro piensa que el proceso ganaría en calidad si, en cambio, se sustentara más en las inversiones y en las exportaciones. En Economía son tan tajantes con este pensamiento que se animan a pronosticar un “crac” si este modelo se profundizara o se mantuviera en el mediano y largo plazo. Justamente, un incremento de los sueldos iría en la dirección indeseada por el ministro. Lejos de las urgidas demandas populares, al ministro lo obsesiona la corriente inversora de largo plazo que dé sustento al modelo. Después del aumento del salario mínimo, está claro qué posición ocupará Lavagna al discutir jubilaciones y sueldos estatales.