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El paisaje frente a los tribunales de San Salvador de Jujuy cambiará radicalmente a partir de hoy cuando organizaciones de mujeres, gremiales, de derechos humanos y piqueteras monten una radio abierta y acampen, a modo de vigilia, mientras se lleva adelante el juicio oral contra la joven Romina Tejerina, cuyo caso se ha convertido en un emblema del movimiento feminista. Tejerina, de 21 años, será juzgada por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”. Fue violada por un vecino, ocultó su embarazo y, desesperada, terminó matando a su hija en el momento del parto. Su defensa pedirá la absolución con el argumento de que actuó bajo “emoción violenta”. A las audiencias asistirán diputadas nacionales y provinciales y un abogado enviado como veedor por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Si la condenan a perpetua –la pena que podría caberle–, será una condena para todas las mujeres argentinas”, evaluó ante Página/12 María Conti, de Amas de Casa del País, una de las entidades que encabezan el movimiento que reclama su libertad. Hoy están previstas manifestaciones en solidaridad con la joven en las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata.
Tejerina lleva dos años y tres meses presa sin condena en la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Jujuy, La Granja, como se conoce en la capital jujeña al penal de mujeres. El comerciante, hoy de 41 años, a quien la joven denunció como su violador fue sobreseído, aunque el fallo no está firme porque la defensa de Tejerina llevó la apelación hasta la Corte Suprema. “Es una injusticia que ella esté presa y su violador libre. El es el culpable de toda esta tragedia que vive Romina”, señaló Elvira Baño, madre de la muchacha. Y convocó a una “gran concentración” frente al Palacio de Tribunales de San Salvador de Jujuy donde sesionará desde hoy a las 8.30 la Sala 2 de la Cámara en lo Penal que juzgará a su hija. Están previstas otras dos audiencias: una mañana y otra el jueves próximo, pero el juicio podría extenderse más.
Tejerina no declarará, según adelantó a Página/12 su abogada, Mariana Vargas. “Quedará en el juicio su declaración ante el juez de instrucción”, señaló. Para las audiencias se sumará a su defensa Fernando Molinas, hijo del ex fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. Para sus abogados, la joven es “inimputable” porque “en el momento del hecho tuvo un episodio psicótico”. “Romina vivió en estado de shock durante todo el embarazo. Nunca pudo separar la gestación de la violación. Eso determinó que hiciera un episodio psicótico, según surge de las pericias psiquiátricas que se le hicieron”, recordó, aunque esos estudios no fueron tenidos en cuenta por el juez de instrucción. En una de esas pericias, la joven relató que alrededor del mes de ocurrida la violación comenzó a sufrir pesadillas sobre el hecho, que la despertaban en medio de la noche, con mucho miedo. Durante el día revivía el momento de la violación una y otra vez. Según la psiquiatra María Calvo, que hizo el diagnóstico, se trata de un “síntoma característico del trastorno por estrés postraumático”. Las reviviscencias son un síntoma que suele “acompañarse de disociación y que acarrea un intenso sufrimiento”, señaló Calvo en la pericia que realizó junto con la psicóloga María Teresa López de Fernández, ambas profesionales del Hospital Neuropsiquiátrico Sequeiros, de San Salvador. Tejerina les contó –dice el informe pericial– que vio en el bebé “la cara del violador” y revivió una vez más la violación.
Pero el magistrado que llevó adelante la instrucción del caso nunca tuvo en cuenta la existencia de la violación. El juez de San Pedro Argentino Juárez demoró once meses en tomar una decisión sobre la situación de Tejerina y cuando la procesó, lo hizo por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”, que tiene previsto como castigo la pena de prisión perpetua. En su resolución, Juárez no habla de la vejación sufrida por la joven, salvo cuando transcribe la declaración de ella. Para el magistrado, “la conducta de Romina Tejerina al momento de cometer el hecho no estuvo comprendida dentro de ninguna causal de inimputabilidad (...), situación ésta corroborada en primera instancia por la propia imputada que afirma haber intentado abortar antes de cometer el hecho, pero no lo consiguió”, escribió el juez en el auto de procesamiento.
La tragedia de Tejerina comenzó el 1º de agosto de 2002 en la localidad de San Pedro, a 65 kilómetros de San Salvador. Tenía entonces 19 años. Ese día, fiesta de la Pachamama en el Norte argentino, fue a buscar a una hermana de 22 años a una peña y un vecino se la llevó del lugar a la fuerza. El hombre, en aquel momento de 38 años, la subió a su auto y la condujo un par de cuadras. Según relató la chica, luego detuvo el vehículo y la violó. Tímida, más bien retraída, criada en un hogar con un padre severo y maltratador –según surge de las pericias psiquiátricas–, la joven no se atrevió a contar su drama, por “vergüenza” y “temor” a que la culpabilizaran. Y vivió los meses siguientes fajada para disimular el crecimiento de su panza, apelando a diversos métodos caseros para interrumpir ese embarazo. El parto fue prematuro, en la mañana del 23 de febrero de 2003 en el baño de su casa. Habían pasado unos siete meses desde la violación. Y ahí ocurrió lo peor: puso a la criatura en una caja de zapatos y le aplicó puñaladas con un cutter. La muchacha quedó inmediatamente detenida. La beba murió a los dos días en un hospital.
Detenida, Tejerina denunció por violación a su vecino Eduardo “Pocho” Vargas. La causa recayó en otro juez de San Pedro, Jorge Samman. El hombre recién fue detenido en octubre de 2003, tras un escrache de organizaciones de mujeres, sociales, de derechos humanos y piqueteras que luchan desde entonces por la libertad de Tejerina. Vargas quedó detenido 23 días y luego recuperó su libertad. Y fue absuelto. La defensa de Tejerina pidió hacer un análisis de ADN sobre la criatura muerta, pero el magistrado no dio lugar al planteo. “A Romina no la dejaron defenderse”, denuncia su abogada. La joven espera hoy el inicio de las audiencias con nerviosismo. Y cierta esperanza, aunque hasta el momento, siente que la Justicia le dio vuelta la cara.
Como una forma de acompañarla y expresarle su apoyo, diversas entidades montarán una radio abierta frente a los tribunales. Habrá también manifestaciones en Buenos Aires, frente a la Casa de Jujuy, en Rosario y Mar del Plata. Además, presenciarán las primeras jornadas del juicio las diputadas nacionales María Elena Barbagelata (socialista) y Juliana Marino (kirchnerista), y varias diputadas provinciales del bloque radical. Hasta Jujuy viajaron especialmente María Conti, de Amas de Casa del País, Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, y Judith Van Osdol, del área mujer del Consejo Latinoamericano de Iglesias. “Si la condenan a perpetua, será una condena a todas nosotras”, resumió Conti.