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–El afianzamiento de la aplicación de los criterios de delitos de lesa humanidad allana un camino hacia la jurisdicción universal.
–Una de las razones que se invocó aquí es que la Argentina tiene que aplicar su soberanía en materia de jurisdicción, porque ya con anterioridad se estaba aplicando la jurisdicción internacional. Hay muchos procesos abiertos en numerosos países con casos vinculados a la Argentina. Lo que es importante es que nosotros los juzguemos y así vamos a demostrar que tenemos un Estado de derecho; si no, se los juzga en otros países pensando que aquí no somos capaces de hacerlo.
–Usted dice que la Argentina recupera su capacidad jurisdiccional para investigar y condenar estos delitos. ¿Cómo ve entonces la continuidad de juicios en el exterior contra los represores argentinos?
–En la medida en que ahora se pueden juzgar aquí, nosotros consideramos en varios votos que la jurisdicción internacional es subsidiaria, es decir si no se ejerce en la Argentina. Lo que ocurre es que ya hay procesos muy avanzados en el exterior sobre casos vinculados a esa época y ya esos continuarán. Estamos volviendo a lo que es razonable: si un ciudadano argentino comete un delito, tiene derecho a que lo juzguen los tribunales de su país. Como no lo hacían, lo juzgaban en el extranjero, eso ya estaba aplicándose, nosotros decimos: “tienen que ser juzgados aquí” y por eso es necesario desmontar el andamiaje legal que impedía ese juzgamiento.