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La falta de antecedentes sumada a las incógnitas que genera la falta de un reglamento que establezca las condiciones del funcionamiento de la Sala Juzgadora, ya despertó la preocupación dentro de la Legislatura, donde anoche se evaluaba convocar a una “comisión de notables” integrada por constitucionalistas para superar este “vacío legal”. Lo que más incertidumbre genera es qué sucedería si el juicio político se extiende hasta después del 10 de diciembre, fecha en la que harán su desembarco los nuevos legisladores porteños. La respuesta, por el momento, no parece ser homogénea. Varios expertos consultados por Página/12 han dado su opinión respecto del tema y son varias las alternativas que presentan (ver aparte).
La propuesta provino del bloque macrista. Desde allí se planteó la necesidad de convocar un consejo extraordinario para definir si la Sala Juzgadora puede emitir su fallo después del recambio de la mitad de su planta. En principio, lo que establece la Constitución de la Ciudad es que los quince diputados tienen un plazo de 120 días para emitir el fallo, con lo que las deliberaciones podrían extenderse hasta marzo. En caso de que no tome una decisión para ese entonces, Aníbal Ibarra sería considerado absuelto y no podría ser sometido a juicio político por los mismos hechos. Ahora, en caso de que el proceso se extienda más allá de diciembre, la pregunta surge sobre la composición de la Sala una vez que asuman los nuevos legisladores.
Según la repuesta ofrecida por varios constitucionalistas consultados por este diario, cabrían dos posibilidades:
- Prorrogar la condición de legisladores para los quince integrantes de la Sala Juzgadora, sólo en su condición de miembros de ese cuerpo.
- Modificar su composición con la entrada de los nuevos parlamentarios el 10 de diciembre.
Esta última alternativa es la que más desvela al entorno de Aníbal Ibarra, ya que el mapa que impondrá en la Legislatura engrosará las filas del macrismo. Si asume la nueva composición, de los actuales quince miembros, cambiarían nueve, y PRO aumentaría su número de representantes. Con ello, Ibarra tendría un panorama más complicado. Esto no pasó ayer inadvertido en la Jefatura de Gobierno, donde con este pronóstico esperan tener un fallo antes del 10 de diciembre. Sin embargo, por el momento la alternativa aparece poco probable y el proceso amenaza con extenderse hasta el próximo año.
El principal problema es que la Sala Juzgadora tiene la atribución de definir su propio reglamento, con lo que también se planteó como posibilidad que sea ese cuerpo el que defina si continúa con la misma composición o si da lugar al recambio en el cuerpo. Pase lo que pase, la decisión final sentará jurisprudencia sobre el tema, puesto que hasta el momento no hay ningún antecedentes de un juicio político en la historia de la ciudad. Con este panorama, varios especialistas acudieron en consulta a los tratados internacionales, de manera de superar las faltas que esta situación genera.
La mayor discusión se dio sobre este punto, ya que dichas normas hacen referencia a procesos judiciales y para varios de los constitucionalistas la Sala Juzgadora no es un tribunal judicial sino un órgano gubernamental creado para un determinado fin. Al respecto, el constitucionalista Daniel Sabsay acusó el “vacío legal” sobre estos procesos, si bien no descartó que puedan haber casos que permitan ilustrar sobre el tema. En este sentido, algunos plantearon la necesidad de tomar como parámetro la Constitución Nacional, algunos tratados internacionales y los acuerdos sobre derechos humanos.