Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, durante su séptimo mes de embarazo. Graciela Romero parió un varón el 17 de abril de 1977. Lo llamó Ramón. Ambas estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención La Escuelita, a metros del camino La Carrindanga. Ambas continúan desaparecidas y pese a la incansable búsqueda de familiares y amigos, sus hijos nunca fueron restituidos.

El responsable de ese centro clandestino de detención desde principios de diciembre de 1976, cuando asumió como segundo comandante del Cuerpo V, fue el general Abel Teodoro Catuzzi, ferviente católico, de familia numerosa, célebre por argumentar sobre la necesidad cristiana de torturar, nada menos que ante el obispo Miguel Hesayne, quien luego relató en detalle esos diálogos durante el Juicio a las Juntas. El comandante era el general Osvaldo René Azpitarte y la mano derecha de ambos en La Escuelita era el coronel Antonio Losardo, jefe del destacamento de Inteligencia y del “LRD”, o “lugar de reunión de detenidos” en la jerga castrense usada ante la Justicia. Los tres murieron sin confesar el destino de sus trofeos de guerra. Pero hay muchos otros represores vivos e impunes que difícilmente desconozcan la suerte que corrieron ambas criaturas.

Cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) incorpore el pedido de investigación por ambos robos y sustracciones de identidad, el juez federal Alcindo Alvarez Canale deberá optar entre aceptar la oportunidad histórica de exigirles a los militares de Bahía Blanca la información sobre el destino de esos bebés (hoy hombres de casi treinta años) o de ser fiel al retrato del general Julio Roca dedicado por los amigos del Cuerpo V que luce en el hall de entrada a su despacho.