Las audiencias orales comenzarán el 3 de octubre y se extenderán por lo menos hasta fines de ese mes. Están citados como testigos los policías que realizaron los operativos, los legisladores que participaron de la sesión sobre el Código de Convivencia y empleados del lugar. Si bien el tribunal oral Nº 17, a cargo del proceso, funciona en Lavalle 1171, todavía no se ha determinado si las audiencias se realizarán ahí, ya que las salas del edificio son chicas. Los catorce manifestantes están acusados de coacción agravada (la jueza consideró que presionaron a los legisladores), daño agravado (por las roturas del edificio) y privación ilegítima de la libertad (a criterio de la acusación, los que estaban dentro de la Legislatura estuvieron secuestrados durante el tiempo de los disturbios). De ser condenados, deberán cumplir como mínimo cinco años de prisión. Contra la mayoría no hay más prueba que las declaraciones de la policía, y en cuatro casos se ve a los detenidos tirando piedras; por eso sus defensores plantearán que la acusación es desmedida y desproporcionada.