El juez Ariel Lijo es de los que considera que una persona no debe esperar el juicio en la cárcel, sino en libertad, siempre que no haya esquivado a la Justicia ni evidencie que va a destruir pruebas. Esa es la razón por la cual no le dictó la prisión preventiva al ex juez Galeano, cuya pena prevista es alta y, tradicionalmente, no excarcelable. El problema más grave es que los juicios tienden a demorarse años y la propia causa de las irregularidades prácticamente no se movió entre 2001 y 2006. Esa inacción no se hubiera roto sin la presión de los familiares, en especial la agrupación Memoria Activa, que mantiene un duro proceso de mediación con el gobierno nacional en la OEA. En el juicio oral, varios de los procesados ayer pueden terminar presos. Por ahora, Lijo resolvió que Galeano no puede salir de la Capital Federal sin pedirle autorización y ordenó un embargo de sus bienes por tres millones de pesos. Los demás embargos también fueron altos: 1.500.000 pesos a Hugo Anzorreguy, la misma cifra a los ex jefes de la SIDE, Finnen y Broussón, un millón de pesos a Beraja, 500.000 a cada uno de los dos fiscales, Mullen y Barbaccia, y 300.000 pesos a Telleldín, Stinfale y Boragni. La causa principal, en la que se investiga el atentado mismo, también está a la expectativa de novedades. El fiscal Alberto Nisman prepara una resolución en la que seguramente volverá a imputar a Hezbolá e Irán.