Lo que debía pasar volvió a pasar. Alfredo Astiz ayer negó ante la Justicia su participación en el secuestro del escritor Rodolfo Walsh y en el apoderamiento de sus bienes. Lo hizo en el marco de la ampliación de su declaración indagatoria ante el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa sobre la que pesa un pedido de elevación a juicio oral. Los abogados querellantes estaban convencidos de que el marino no iba a hablar, en el marco de una estrategia dilatoria.

“Todos los militares están tratando de demorar todos los procesos para tratar de encontrar un escenario político más favorable, en el que puedan alcanzar por ejemplo una amnistía y usan todos los recursos que tienen a mano”, explicó Marcelo Parrilli, abogado de la hija de Rodolfo Walsh en la causa. Esos recursos pueden ser presentaciones de nulidades u otro tipo de planteos que puedan generar apelaciones y atrasar la causa. En otro contexto, eso puede mejorar las condiciones de los marinos. Lo mismo sucede cuando sus planteos llegan a la Cámara de Casación, donde suelen quedar estancados y sin resolución durante meses: “Para muchos la Casación –sigue Parrilli– es una tabla de salvación porque demora mucho los pronunciamientos”.

Como lo hizo el represor Antonio Pernías un día antes, Astiz solicitó ayer ampliar su declaración indagatoria a días de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera la elevación a juicio oral. El juez Sergio Torres es quien tiene la causa y el pedido de elevación a juicio. Ahora debe evaluarla, un proceso que formalmente “no interrumpe” este tipo de declaraciones.

El secuestro de Walsh del 25 de marzo de 1977 forma parte de la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar. La causa está en manos del juez Torres. Ese expediente, junto a otros, se reabrió tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

Pernías y Astiz volvieron a Tribunales en el marco de esa causa en los últimos días. En el caso de Pernías, el martes declaró durante cinco horas en sede judicial y dijo que en la Armada “nadie hacía lo que quería” y que todo lo que hicieron lo hicieron “obedeciendo órdenes”. La expresión es conocida de sobra. La usaron los militares para defenderse durante la vigencia la ley de obediencia debida. Sobre el secuestro de Walsh dijo que no sabía nada. Lo mismo sucedió cuando le preguntaron si podía confirmar o no si había estado en la ESMA, tal como ocurrió.

Astiz, en cambio, había concurrido a Tribunales unos días antes, para otra de las derivaciones de la megacausa de la ESMA en la que se investiga el secuestro de las monjas francesas. En esa ocasión anunció que estaba dispuesto a hablar de lo que los abogados querellantes mencionan como “la conexión francesa”. Para hacerlo pedía ser relevado del “secreto militar”. Quienes impulsan las causas contra los represores leyeron su petición como una estrategia dilatoria, sin embargo su pedido dio lugar a una modificación en ese sentido de la reglamentación militar. En ese contexto, volvió ayer a Tribunales. Y aunque convocado por otro aspecto de la investigación, no habló.

“De los genocidas no puede esperarse más que mentiras descaradas. Aunque pretendan negarlo, está probado que el grupo de tareas que asesinó a mi padre el 25 de marzo de 1977 y lo trasladó a la ESMA donde lo desaparecieron –dijo ayer Patricia Walsh– pertenecía a la Armada, junto a efectivos de la Policía Federal.”

Como abogado de Astiz, Juan Aberg Cobo (h) podría “pedir testimonios para evaluar una posible denuncia penal” contra el juez, el fiscal Eduardo Taiano y el secretario Diego Slupski por “privación ilegítima de su libertad”, un reclamo aparentemente descabellado.

“Nadie puede dudar de que si hoy se dicta un fallo contra Astiz, será uno condenatorio –dijo Parrilli–, dado que las pruebas están, que los procesos son legales, y lo que ellos esperan es un nuevo 2001, una nueva crisis económica de las cíclicas en Argentina para aspirar a una nueva amnistía.”