La participación del cardenal Jorge Mario Bergoglio en la campaña proselitista por la gobernación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una racionalidad política, que se explica en la nota principal, pero también un fundamento económico, que se expresa en los acuerdos preexistentes entre el actual intendente Jorge Telerman y el candidato a sucederlo Maurizio Macri, que casi han duplicado las transferencias de recursos públicos para el financiamiento del sistema educativo de gestión eclesiástica y han incrementado en no menos de una cuarta parte los ingresos que esa red de varios centenares de colegios obtiene de sus propios usuarios.

El año pasado Bergoglio ofició una misa en honor de un santo nonato para que el “ingeniero” Juan Blumberg pudiera sacarse una foto con él en el mismo día de su última marcha sobre la Casa de Gobierno. Este año, gestionó el acuerdo para la primera ronda entre Telerman y la ex diputada Elisa Carrió. La fuente de esta filtración deliberada al diario patronal Ambito Financiero fue el ex vocero oficial de Bergoglio, presbítero Guillermo Marcó, quien debió dejar ese cargo luego de criticar el discurso de Ratisbona de Benedicto XVI, pero que sigue colaborando con el presidente de la Iglesia Católica argentina. Luego de su crispada homilía al inaugurar la Asamblea Plenaria del Episcopado, Bergoglio dejó las deliberaciones para mostrarse en una ceremonia en la Catedral junto con Telerman. Pese a la derrota del candidato preferido (cuyas ostensibles vulnerabilidades lo hubieran convertido en un fácil rehén) Bergoglio volvió a mostrarse con él en la celebración de Corpus Christi. Esta vez la oportunidad fotográfica se extendió también al jefe PROcesista Santiago de Estrada, mientras la candidata a la vicegobernación, Gabriela Michetti revelaba que el cardenal era su hombre de consulta, a quien veía cada uno o dos meses. Pero no se trata sólo de una relación personal. La secretaria de la Vicaría Episcopal de Educación, que Bergoglio creó al asumir el Arzobispado porteño, Victoria Morales Gorleri, fue electa a la Legislatura en la lista de Macri.

Al asumir, en marzo de 2006, Telerman designó al frente de la Dirección General de Enseñanza de Gestión Privada, que se encarga de distribuir los subsidios oficiales a los colegios católicos, al macrista Luis Liberman, quien se jacta de su relación con Bergoglio. El presupuesto destinado a la educación privada creció de 191 millones de pesos en 2005 a 268 en 2006 y 315 en 2007. A estas cifras presupuestadas deben sumarse las ampliaciones dispuestas durante el ejercicio: 53 millones en 2005 y 88 en 2006. Todavía no se conocen los datos de 2007, pero sólo de mantenerse la proporción previa, el desembolso real habrá crecido de 245 millones en 2005 a 356 en 2006 y no menos de 415 en este año, mucho más que los otros precios de la economía.

Liberman instrumentó otras tres formas de transferencia de recursos públicos a la educación confesional: el aumento en un 25 por ciento de las cuotas que pagan los padres de sus alumnos, el Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada y una línea de créditos blandos del Banco Ciudad.

El aumento de cuotas siguió un mecanismo tortuoso para que no se registrara en la medición de los índices de precios. En mayo de 2006 la Ciudad acordó con la Nación y con los colegios privados, buscar un mecanismo de recuperación de los costos laborales que no impactara en el IPC y en junio Telerman delegó en Liberman su aplicación. Al día siguiente de recibir el encargo, Liberman firmó la disposición 446/06 que permitió el cobro de una sobrecuota que, al no considerarse arancel, resultó invisible a las engañosas mediciones del INDEC colonizado por Guillermo Moreno. Idéntico mecanismo se extendió a todo el país, pero en la Ciudad de Buenos Aires no se fijó un tope a la cuota, se permitió que fuera retroactivo y que los colegios justificaran el aumento de costos por declaración jurada que nadie controla.

El Régimen de Escuelas Seguras de Gestión Privada fue aprobado por la Legislatura que controlan Macri y Telerman en diciembre de 2006, con el argumento de evitar nuevos Cromañón. La ley 2189, presentada por el ministro de Seguridad de Telerman, Diego Gorgal, y el diputado PROcesista Marcelo Godoy, quien presidió la Comisión Investigadora que llevó a la deposición de Ibarra, dispuso el “mejoramiento y actualización de infraestructura y equipamiento y la adopción de sistemas de protección y seguridad escolar”. Liberman había sido asesor de Godoy en la Legislatura. Para financiar las mejoras, el artículo 8 estableció “líneas de crédito bancario y/o incentivos fiscales”. El artículo 21 creó también una partida especial, que debía establecer la Legislatura, para el financiamiento de las obras. Telerman lo vetó, pero en forma ambigua: su decreto 68/07 sólo objeta que el fondo especial quede en manos de la Legislatura, ya que el manejo de los recursos presupuestarios “es un deber del jefe de gobierno”.

La línea de créditos blandos para que los colegios privados realicen refacciones edilicias fue habilitada al comenzar este año por el Banco Ciudad.

En febrero, al renunciar el ministro de Educación Alberto Sileoni, quien se sumó a la campaña de Daniel Filmus, Liberman fue el principal candidato a sucederlo, pero Telerman prefirió no designarlo, justo cuando el gobierno nacional lo estaba acusando de connivencia con el macrismo. Sin embargo, lo ascendió a Subsecretario de Educación, de modo que sigue manejando la Dirección que antes ocupaba. Al comentar su designación el matutino La Nación dijo que este docente y antropólogo era “hombre de Bergoglio” (Informes: Lázaro Llorens y Mercedes González).