La figura legal es “soborno transnacional, ocultamiento y lavado de activos de origen delictivo”, de acuerdo con los convenios internacionales suscriptos por Argentina con el “compromiso de penalizar el cohecho de funcionarios públicos extranjeros”. Con esta argumentación, la denuncia presentada ayer ante la Justicia por el presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, les apunta a todos los funcionarios argentinos y venezolanos que viajaban en el Cessna 750 Citation que aterrizó el 4 de agosto en el aeroparque Jorge Newbery procedente de Caracas. Entre ellos, el empresario venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson, que intentó evadir los controles aduaneros con una valija con 800 mil dólares no declarados. Pero el sorteo recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, a quien los radicales recusarán hoy por el pedido de jury que la UCR había presentado contra la magistrada. Una ampliación de la denuncia pedirá que se investiguen también los viajes que Antonini habría hecho entre Buenos Aires y Montevideo.

“Esta figura se puede aplicar en la medida en que, como en este caso ocurre, existen involucrados funcionarios no sólo de nuestro país sino también de Venezuela”, explicó Morales a Página/12. El escrito elaborado por los abogados radicales hace mención a la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en 1996, y la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) firmada en París en 1997 e impulsada por los Estados Unidos. En ambos casos, Argentina asumió el compromiso de penalizar el “cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”.

La presentación del radicalismo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Correccional y Criminal también incluye la denuncia por “lavado de dinero de origen delictivo” en la que trabajó el jurista Ricardo Gil Lavedra. El ex integrante de la Cámara Federal trabaja contrarreloj en una ampliación de la denuncia, en la que pide la investigación de “varios viajes” que el empresario venezolano con pasaporte estadounidense habría realizado entre Argentina y Uruguay.

Pero el sorteo judicial provocó el enojo de Morales. “Mientras a los argentinos les va mal con los hechos de corrupción de los funcionarios, al Gobierno le va bien con los sorteos judiciales”, soltó el candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna. Sus letrados recusarán hoy a Servini de Cubría: la jueza federal con competencia electoral tiene pendiente un pedido de enjuiciamiento presentado por la UCR por su desempeño en la puja entre la conducción nacional y los distritos que se sumaron a la coalición plural K.

“Creemos que el Gobierno está desviando la situación a una infracción, a un error cometido por un funcionario, a que esto se resuelve con el pago de una multa y nosotros creemos que es un tema mucho más profundo”, dijo Morales, e insistió en que todavía “no se ha aclarado ni siquiera el origen de los fondos” que Antonini Wilson trasladó en el jet privado contratado por Enarsa a Royal Class.

El presidente del radicalismo también cuestionó la actuación judicial, por los magistrados que “esquivan” su actuación en la causa.