Atravesado por el mismo surco conceptual que condenó a Carlos Carrascosa a 5 años y 6 meses en fallo dividido, el mismo Tribunal rechazó el pedido del viudo célebre de abandonar el penal 41 de Campana y pasar sus días de prisión en el country de un amigo hasta tanto el fallo quede firme. Los jueces María Etcheverry y Hernán San Martín votaron porque siga entre rejas y Luis María Rizzi porque se le permita la detención domiciliaria. Los dos primeros sostuvieron que, aunque no haya condena firme, la situación ya no es la misma que la de antes del juicio. Y el tercero, que no habiendo condena firme, se violan los derechos constitucionales de la presunción de inocencia. La defensa, después de la correspondiente queja de presión mediática, anunció a los medios que presentará un hábeas corpus para mejorar la situación de detención del condenado en espera.

A un mes de finalizado el juicio, el caso sigue provocando polémica porque se acomodó sobre una grieta incómoda para la Justicia penal: la prisión preventiva. Y fue el eje de las argumentaciones de los tres jueces. “A mi criterio –sostiene la jueza Etcheverry–, si bien podría decirse que el riesgo procesal de entorpecer la investigación ha disminuido sensiblemente, el peligro de eludir la acción de la Justicia ha aumentado en forma paralela.” La jueza fundamenta que ya se realizó el juicio y ya se produjo la condena, con lo que Carrascosa no podrá interrumpir ese proceso ya concluido; pero el riesgo de elusión es mayor, porque ahora la condena es cierta y no probable o improbable como lo era antes del juicio. “No se trata ya de una persona que enfrenta una durísima acusación –sostiene Etcheverry–, pero que sólo se representa la posibilidad de condena como ‘probable’. En este caso, la posibilidad de condena es cierta.” Y para evitar su incumplimiento, Etcheverry concluye que Carrascosa debe mantenerse en prisión.

San Martín también votó por la prisión para evitar la fuga, pero agregó que no existe razón “de excepción alguna, basada en enfermedad del reo o edad que le impida, de alguna manera, afrontar el encierro como cualquier ciudadano”. Y agregó que “Carrascosa no se encuentra en una situación privilegiada ni diversa de tantos otros encausados, que en prisión preventiva aguardan el tiempo que demanda la sustanciación de los recursos extraordinarios” ante la Casación.

Rizzi, por su parte, hizo eje en el derecho de toda persona de que se la presuma inocente hasta que exista condena firme, y en que en ningún momento Carrascosa hizo gestos que puedan interpretarse como un intento de fuga. Citó casos tratados por ese mismo tribunal y señaló que “el principio fundamental que regula toda institución de la prisión preventiva es el principio de excepcionalidad” y que no se puede aplicar “con base sobre meras sospechas o careciendo de indicios de que el acusado es propenso a huir o obstaculizar la marcha de la Justicia”.

El desarrolllo de Rizzi es certero. Ninguno de los dos jueces que votó por la negativa pudo hacer pie en que Carrascosa hubiera hecho el más mínimo gesto de fuga. Debieron apelar a otros recursos. Pero fue ese mismo tribunal el que lo condenó a Carrascosa por encubrimiento agravado, que no es otra cosa que obstruir a la Justicia. En el fallo condenatorio quedó incluso la fuerte sospecha de que si no se hubieran perdido pruebas en ese encubrimiento, otro hubiera sido el resultado. En esos términos, fuga o no fuga es una entelequia.

Ayer, Hernán Ferrari, defensor de Carrascosa, anunció que no apelaría, por no perder tiempo, sino que presentaría un recurso habitual entre los defensores de esa maraña de presos sin plata que abarrotan las cárceles (en el 75 por ciento de los casos, aun más presuntos inocentes porque ni siquiera recibieron condena): presentará un hábeas corpus para mejorar las condiciones de detención. “Se lo ha privado de su derecho constitucional de esperar en libertad la sentencia firme”, denunció.