EL PAíS

Pedido por las declaraciones

 Por Raúl Kollmann

La jueza en lo Penal Económico María Marta Novatti les requerirá a los tribunales de La Florida una copia de las declaraciones de los cuatro sospechosos, tres venezolanos y un uruguayo, detenidos el miércoles en relación con el caso de Guido Alejandro Antonini Wilson. En forma paralela, los fiscales María Luz Rivas Diez y Natalio Borinsky solicitaron ampliar el requerimiento de extradición, incluyendo el cargo de lavado de dinero, por cuanto tienen el resultado de una pericia que estableció que el dinero traído por Antonini a la Argentina es de origen ilegal.

En verdad, si la jueza se convence de que los 800.000 dólares fueron traídos al país para financiar una campaña electoral, es casi seguro que se declararía incompetente. Jueces en lo Penal Económico le dijeron a este diario que la causa pasaría al fuero federal: “Ya no estaríamos ante un simple contrabando, sino que habría que investigar una asociación ilícita, mezclada con delitos de la órbita electoral”, acotó un magistrado con amplia experiencia en el fuero. De todas maneras, uno de los puntos centrales de la causa es el pedido de extradición de Antonini Wilson. Los fiscales afirman que hay elementos para imputarle un delito más grave que el contrabando, el lavado de dinero. Ayer hicieron trascender que mediante un peritaje, que tal vez esté relacionado con el análisis de los billetes mismos, se estableció la procedencia ilegal del dinero. Por eso, le solicitaron a la jueza Novatti que amplíe la acusación contra Antonini, con lo que se reforzaría el pedido de extradición. En Tribunales, no obstante, son bastante pesimistas. Sucede que ahora Antonini es un arrepentido y es muy difícil que las autoridades norteamericanas accedan a mandarlo a la Argentina, entre otras cosas porque no querrán que trasciendan los términos del acuerdo entre Antonini, el FBI y los fiscales de Miami. De todas maneras, Novatti ya habría tomado contacto con los funcionarios judiciales de La Florida y en las próximas horas enviaría un exhorto para pedir la cooperación de Miami en su causa, hasta ahora por el delito de contrabando. Desde un punto de vista técnico, la jueza puede pedir autorización para viajar a Miami, y determinar allí si hay elementos que puedan servir para establecer el origen del dinero.

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