José Luis Di Lorenzo, presidente del Instituto para el Modelo Argentino.

–¿Qué opina sobre la cantidad de traspasos que se están dando de capitalización al régimen de reparto?

–Desde que Cavallo y De la Rúa concedieron en 2001 la baja de 6 puntos del aporte previsional a las AFJP, ingresaron al sistema privado 2,6 millones de nuevos afiliados. Mientras que con esta tibia opción de traspaso que se habilitó por seis meses se van a terminar yendo voluntariamente apenas 1,5 millón, a los que hay que sumar los que pasaron por decreto. Creo que el resultado es pobre y termina consolidando la lógica de la primacía de lo privado sobre lo público.

–¿Por qué no se pasaron más trabajadores?

–El período elegido para que la gente decida no fue el mejor porque en el medio estuvieron las elecciones presidenciales y el cierre coincide con las fiestas de fin de año. En la campaña electoral no se habló del tema y los medios de comunicación no plantearon un debate a fondo. Todos se rasgan las vestiduras por la presunta corrupción que está detrás de la valija de Antonini Wilson, que son 800 mil dólares, y nadie tiene nada para discutir sobre los 10.000 millones de dólares que las AFJP les sacaron a los trabajadores para ganancia de los bancos. A mí me sorprende mucho.

–¿No se pasaron más trabajadores por falta de información?

–Hay desinformación e información tendenciosa. He leído editoriales que hablaban de la conveniencia de buenas inversiones y rentabilidades a futuro en las AFJP, pero no de la estafa que implicó el sistema. Tampoco se hizo demasiado por jerarquizar al sistema público. En lugar de garantizarles la movilidad a los jubilados, la Anses decidió invertir su superávit en un fondo parecido al de las AFJP. Los recursos sociales tienen que ir a los jubilados y a la producción. Lo único que va a financiar la seguridad social en el futuro es el crecimiento del producto bruto a través del pleno empleo. Lo demás es especulación.

–¿Qué se debe hacer para modificar la situación?

–Si el Congreso no pone en debate la legalidad del sistema previsional, la disputa va a ser judicial porque no se puede sostener un negocio financiero a costa de los recursos sociales. Es inconstitucional.