El 20 de noviembre el diputado Héctor Recalde denunció que desde la Cámara de Empresas de Servicio de Vales Alimentarios (Cevas) le habían ofrecido una coima de 20 millones de dólares. La prueba que aportó el legislador fueron filmaciones obtenidas con cámaras ocultas de reuniones entre el director de Cevas, Santiago Lynch, su intermediario Miguel Guido Spano y el hijo del diputado, Mariano Recalde, contactado por los empresarios. La oferta empresaria para corromper al legislador tenía tres variantes. Si sólo conseguía cajonear el proyecto (opción “bicicleta”) le darían una suma mensual de 20 mil dólares. Si lograba modificarlo de modo de mantener el carácter no remunerativo de los tickets y volverlos inembargables (opción “pickup”) la mensualidad aumentaría. Y, si se esmeraba en seducir al resto del Congreso para que todos los trabajadores que cobran menos de 1500 pesos fueran incorporados al sistema, corruptela que habría triplicado los ingresos de los empresarios, el soborno llegaría a 20 millones de dólares (opción “Mercedes Benz”). El 3 de enero el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid convalidó las filmaciones, procesó a Lynch y Guido Spano por cohecho y ordenó trabar un embargo de 100 mil pesos sobre los bienes de cada uno. Pese a que la pena por cohecho va de uno a seis años de cárcel, el magistrado les permitirá esperar el juicio en libertad. En el lapso transcurrido, el Congreso convirtió en ley un proyecto del propio Recalde para incorporar los tickets alimentarios al sueldo.