En diciembre de 1977 en las páginas de La Nación se publicó una lista de nombres que exhibía el alcance de la desaparición de personas. No fue producto de una investigación periodística sino del registro que desde fines de 1975 hacían los familiares de las víctimas. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue la primera organización a la que las familias recurrían cuando todas las puertas de los cuarteles, las oficinas y las iglesias católicas se cerraban. Para 1978, las denuncias eran cuatro mil. “Por causa de esa lista el gobierno no pudo decir que no había desaparecidos”, diría años después Emilio Mignone. Esas nóminas fueron el primer paso de un método: dejar escrito lo que ocurría en papeles capaces de comenzar el áspero camino que podía llevar a la justicia, acopiar los nombres propios y las circunstancias, hacerlos atravesar pasillos, mostradores, ventanillas, indiferencias, dejarlos tallados en la burocracia estatal, también en la más hostil, insistir hasta que algún funcionario judicial moviera el expediente de un cajón a otro, volver a empezar.

Mónica, 24 años, fue secuestrada en la casa que compartía con sus padres, Emilio Mignone y Angélica Sosa de Mignone. Augusto María, hijo de Augusto Conte y Laura Jordán de Conte, fue desaparecido por la Armada mientras hacía el servicio militar obligatorio. Liliana, hija de Alfredo Galletti y Élida Bussi de Galletti, fue desaparecida cuando tenía 31 años. Gustavo José, hijo de Boris Pasik y Elena Dubrovsky, fue desaparecido cuando tenía 19 años. Gustavo, hijo de José Federico Westerkamp y Angela Muruzábal de Westerkamp, fue detenido, torturado y estuvo preso siete años y medio. Alejandra, 19 años, hija de Carmen Aguiar de Lapacó y Rodolfo Lapacó, estuvo secuestrada junto con su madre y nunca recuperó la libertad. Noemí Fiorito de Labrune no tenía familiares biológicos víctimas del terrorismo de Estado pero sí había cuidado a Leticia Veraldi, detenida desaparecida a los 17 años. Todos los hijos eran militantes. Todos los adultos armaron los comienzos del CELS en 1979.

Mignone, presidente del CELS: “Todos los días se presentaban cientos de hábeas corpus, yo he presentado quince o veinte por mi hija. Calculo que se llegaron a presentar ochenta mil, porque además se repetían. La consigna que dábamos a la familia era: “‘presente el hábeas corpus, preséntelo en la semana siguiente, en la otra y en la otra. Eran montañas de papel inútil que circulaban por los juzgados”. La documentación de las denuncias, el esfuerzo por explicar el funcionamiento del método represivo, el trabajo internacional para saltear el laberinto interno y la presión sobre el Poder Judicial fueron las estrategias. Alicia Oliveira, abogada del CELS en aquellos años: “La idea de Emilio era que había que dejar todas las huellas posibles en la justicia, es decir en un órgano burocrático, porque por más que no se investigara en ese momento, las pruebas quedaban, se iba dejando la historia”.

En septiembre de 1979, para la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el CELS preparó un informe con 300 desapariciones en las que se podía identificar la responsabilidad estatal. Labrune: “Mi primera reacción cuando seleccionaba las denuncias de APDH era ‘no, no es posible’”. La CIDH recibió más de 7.500 denuncias y poco tiempo después la Organización de Estados Americanos difundió su informe. La testarudez para poner en circulación en el país este documento puso a los integrantes del CELS en peligro. El gobierno militar había prohibido su publicación y destruido los ejemplares que le habían enviado. Mignone consiguió 500 ejemplares del llamado “Informe prohibido” y de manera artesanal se hicieron otros 1000. Aguiar de Lapacó: “Había pocas fotocopiadoras y para no andar con el informe completo llevábamos hojas intercaladas”. El 27 de febrero de 1981, la sede del CELS fue allanada y Aguiar de Lapacó y Westerkamp, detenidos. También, Mignone, Pasik, Conte y Marcelo Parrilli. “Fue la única vez que lo vi con miedo”, recuerda Isabel Mignone sobre su padre. El 6 de marzo fueron liberados.

El trabajo jurídico acumulado durante la dictadura fue la base para buscar verdad y justicia en los años siguientes hasta llegar a la histórica sentencia del juicio a las juntas militares. Luego de la tristeza y la frustración que generaron las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos, el CELS insistió con nuevas estrategias. En 1995, Adolfo Scilingo entrevistado por Horacio Verbitsky, presidente del CELS desde 2000, contó cómo el gobierno militar arrojaba al Río de la Plata a los prisioneros adormecidos. El testimonio tuvo un impacto enorme y abrió la puerta de un nuevo camino: exigir que el Estado garantizara el derecho a saber la verdad. Después de la negativa de las instancias nacionales, incluida la Corte Suprema, en 1999 el Estado asumió su responsabilidad ante la CIDH. Aguiar de Lapacó dijo en ese momento: “Estoy contenta porque esto se empezó como algo chiquito y lo que se logró es a favor de todos”. El camino comenzaba a despejarse. En 2005, en la sentencia del caso “Simón”, impulsado por el CELS y por Abuelas de Plaza de Mayo, la Corte ratificó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad que se había logrado en 2001. Hoy, 40 años después, la desaparición de Mónica Mignone está cerca de ser sancionada por el Poder Judicial.

Con el final de la dictadura, el CELS amplió la agenda de trabajo. Las estrategias que se habían desplegado en la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado mostraban que también eran potentes para documentar, analizar y buscar justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado democrático, aunque ya no como parte de un plan sistemático. También se abrió el escenario para incidir en las políticas públicas y colaborar con el fortalecimiento de un Estado protector de derechos.

Para 1986, el CELS ya contaba con las primeras sistematizaciones sobre la violencia policial y con estrategias de litigio para enfrentarla. Los noventa también significaron el trabajo en derechos económicos y sociales. En diciembre de 2001, el CELS volvió a presentar habeas corpus por las personas detenidas durante el estado de sitio declarado en forma irregular y a correr entre teléfonos, teclados y papeles para sacar a las personas de las fauces de unas fuerzas de seguridad que, otra vez, se mostraban voraces. La causa judicial por las muertes ocasionadas por las balas policiales tuvo que transitar, otra vez, el áspero camino del Poder Judicial: hoy, 15 años después, el juicio se acerca a su final. En noviembre de 2001, el CELS había presentado otro habeas corpus, en ese caso colectivo, por las personas presas en las comisarías de la provincia de Buenos Aires: el caso “Verbitsky”. En 2005 la Corte Suprema hizo lugar al pedido y estableció parámetros para una privación de la libertad digna. Las condiciones mínimas siguieron incumpliéndose, pero fue un antecedente fundamental para exigir la vigencia de los derechos humanos en las cárceles.

Hoy el CELS es un equipo de trabajo de decenas de personas. Gastón Chillier, director ejecutivo, en la presentación del Informe Anual de 2015: “Nos encontramos para lo que es el mandato del CELS en estos días y fue el mandato original: trabajar para vivir en un mundo donde haya vigencia plena de los derechos humanos, más igualitario y más justo”. Muchos momentos se transforman en una marca que se agrega a ese camino. Cuando en el caso de los asesinatos de Darío Riquelme y de Mariano Wittis un tribunal consideró que todas las víctimas de la violencia policial son víctimas, sin usar el adjetivo “inocentes”. Cuando hay una amenaza de desalojo a familias que ocupan tierras porque no tienen dónde vivir. Cuando una patota asesinó a Mariano Ferreyra. Cuando una visita a una cárcel permitió tomar imágenes de “la realidad infernal que esa burocracia administra”, como escribió Verbitsky. El día que los agentes penitenciarios que asesinaron a Patricio Barros Cisneros fueron sancionados. La madrugada en la que todos los teléfonos celulares sonaron en cadena: otro habeas corpus, esta vez presentado por la familia de Luciano Arruga, la APDH La Matanza y el CELS, había permitido encontrar el cuerpo de Luciano.

Hoy es 24 de marzo y caminaremos por Avenida de Mayo hasta llegar a la plaza, otra vez. Es una alegría que tenemos cada año. La de ocupar las calles con nuestros cuerpos. Y encontrarnos. Y al decir presente invocar a todos los que no están.