El rol de los organismos defensores de los DD.HH. es hoy el mismo que lo fue en el pasado y el que será en el futuro: velar por la plena vigencia de los derechos humanos entendidos en su integridad, utilizando esencialmente tres herramientas: la denuncia del gobierno que los viola, la exigencia de justicia para los responsables directos y mediatos de esa violación y la preservación de la memoria de esos crímenes y del marco histórico en que se cometieron. Por al menos dos motivos se vuelve imprescindible –hoy y aquí– clarificar que ésa y no otra es la característica que define a una organización como defensora de los DD.HH. El primero es que se ha puesto de moda, sobre todo entre los que claman por “seguridad”, acusar a los organismos de DD.HH. por no intervenir frente a delitos comunes cometidos por personas que no actúan como integrantes de la estructura del Estado; por repudiables que sean esos delitos, no es la tarea que deben cumplir. Precisamente, la línea divisoria entre el delito común que se sanciona con el código penal y la violación al derecho humano, que compromete, ofende y lesiona a la humanidad toda, está dada por la intervención del Estado como autor y por la transformación de esa conducta en política de Estado.

El segundo es que tanto o más habitual que lo anterior, se está olvidando que es imposible para un organismo que se dice defensor de los derechos humanos cumplir su función específica si no mantiene absoluta independencia del gobierno en ejercicio, único con capacidad de violar esos derechos. Independencia política y económica, claro está, y esta condición, que no admite ambigüedades ni límites laxos, debe cumplirla no sólo la institución como tal sino también quienes la representan. Lamentablemente, desde el gobierno de Alfonsín, pero en forma creciente a partir de la asunción de Kirchner, connotados dirigentes de este ámbito se alinearon con el gobierno al punto de que hoy ya no sorprende que sea mucho más frecuente su participación en actos y campañas oficiales o en entes dependientes del Estado, que en los espacios de lucha del pueblo. La consecuencia natural es la necesaria ceguera de esos organismos frente a las actuales violaciones a los derechos humanos de nuestro pueblo y la negativa a denunciar y repudiar a los funcionarios responsables.

Con la convicción de que nuestros 30.000 compañeros nos acompañan, seguimos diciendo no a la impunidad de ayer y de hoy, y convocamos a marchar hoy a las 15.30, desde Congreso hasta Plaza de Mayo y junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.