El Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno porteño, en forma sorpresiva, anunció ayer su decisión de “ampliar la intervención informativa” que por recomendación de la Justicia había comenzado a principios de noviembre en el Hogar Convivencial San José Obrero, del barrio porteño de Chacarita, que depende de la Fundación Felices los Niños, que lidera el cura Julio César Grassi. En el instituto se investigan varios supuestos casos de abuso sexual contra chicos que se encuentran allí internados. La decisión del Consejo, que dispone la permanencia en el lugar de un equipo interdisciplinario de psicólogos y asistentes sociales designados por el organismo, significa una marcha atrás no reconocida en forma pública por las autoridades porteñas. Esto ocurrió luego de que Página/12 informara, en su edición de ayer, que el Consejo había dispuesto “el cese de la intervención informativa” en el Hogar San José, a pesar de que sus propios equipos técnicos, a través de ocho informes, habían señalado en forma contundente que seguían vigentes las irregularidades que provocaron el envío del equipo de expertos.

La presidenta del Consejo, Jessica Malegarie, hizo declaraciones al noticiero del Canal 13, luego de negarse –por segunda vez en menos de una semana– a dialogar con Página/12. Según lo dicho por Malegarie ante las cámaras de TV, la decisión del Consejo –que llegó ayer al despacho de la jueza civil Miriam Ruth de Estrada– dispone “ampliar la intervención informativa” sin plazos, hasta que se normalice la situación en el Hogar San José. Malegarie no mencionó, en ningún momento, que existe una resolución anterior, que llegó al mismo juzgado el 2 de marzo, en la cual el Consejo comunicó que “ha dispuesto el cese de la intervención informativa, iniciada en fecha 3 de noviembre de 2008, en el Hogar San José Obrero de la Fundación Felices los Niños”.

En el escrito del 2 de marzo, firmado por Malegarie y por la vicepresidenta del Consejo, Gladys G. Suárez, se dice en forma textual que “la Dirección Ejecutiva del Consejo estimó oportuno estipular el plazo de duración de la intervención supra referida en el máximo de 120 días, venciendo el mismo en fecha 3 de marzo de 2009”. Esa era la pretensión inicial del Consejo y no la de “ampliar la intervención informativa”. De todos modos, la decisión final de retirar o no los equipos de expertos dependía, en definitiva, de la evaluación que hiciera la jueza De Estrada. Trascendió, en fuentes judiciales, que el defensor de menores Daniel Jalil, el primero que recibió la denuncia por las irregularidades en el hogar, se iba a oponer al retiro del equipo técnico.

El caso comenzó en septiembre pasado, a partir del intento de suicidio de “Sebastián”, un niño 8 años. El informe de una psicopedagoga que fue elevado a la jueza De Estrada indicó la posibilidad de que el chico hubiera sido abusado sexualmente en el lugar, ante la inoperancia de las autoridades. Las responsables del lugar son tres monjas guatemaltecas designadas por la Fundación que conduce el cura Grassi, quien está siendo juzgado por delitos similares ocurridos en la sede central de la entidad, en Hurlingham. Además de la investigación por el intento de suicidio y la situación interna del hogar, se abrió otra causa penal por los supuestos abusos sexuales, que está a cargo del juez Carlos Bruinard.

En la causa por los abusos, un niño de 8 años que no es “Sebastián” declaró que tres chicos “a la noche”, en el Hogar San José, le hicieron “cosas horribles”. Según el relato, al chico lo ataron de las manos con la correa de un perro y entonces “empezaron a hacerlo”. El niño dice que estaba “sin ropa” y que lo empezaron a manosear por todos lados. “Me veían con cara de novia”, declaró el pequeño, que habría sido abusado por algunos adolescentes que están alojados en el mismo lugar. Otros testigos hablan sobre un ataque sexual sufrido por una niña de 12 años. Todas estas situaciones habrían ocurrido, según el informe de la psicopedagoga, por las reiteradas ausencias de las monjas y del personal estable del hogar, lo que deja a los niños y niñas en total indefensión.